La noticia, ya adelantada, por algunos medios de comunicación locales, de que el juzgado de instrucción nº 3 de Huesca, aceptando las peticiones de APUDEPA Y Ecologistas en Acción, ha emitido una providencia por la que se ordena, la declaración como imputado de Victorino Alonso García, en el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades de la destrucción de la cueva de chaves, es acogida con amplia satisfacción por Ecologistas en Acción.

Para la asociación ecologista, que se encuentra personada en el procedimiento judicial como acusación particular, la imputación de Alonso era necesaria en la búsqueda de dichas responsabilidades, pues estamos hablando del responsable último de las dos empresas que intervinieron en la destrucción de la cueva: FERPI propietaria de las maquinas que destruyeron por completo el yacimiento neolítico y su entorno y FIMBAS, la polémica propietaria de los terrenos donde se encontraba.

Ecologistas en Acción también muestra su satisfacción por el hecho de que el Juzgado haya aceptado su petición, de que el Gobierno de Aragón, redacte un informe sobre los valores y figuras de protección del entorno de la cueva, que también se vieron afectados. No se debe olvidar que además de las figuras de protección del patrimonio cultural del yacimiento, las actuaciones se desarrollaron dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y sobre las cuales FIMBAS está inmersa, como denunciada, en varios procedimientos judiciales por abundantes delitos medioambientales desde que fue adquirida por Victorino Alonso.

El yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, era considerado uno de los dos más importantes de la península ibérica, junto a la cueva de Or en Valencia. En marzo de 2009, por una visita de los responsables del museo arqueológico provincial de Huesca se conocía la noticia de que había sido destruido en su totalidad, cuando todavía quedaba por excavar más del 90% del mismo. Sin embargo el yacimiento había sido destruido en octubre de 2007.

Los impedimentos, en muchos casos irregulares, del personal de la empresa FIMBAS, del grupo de Victorino Alonso, para poder visitar la finca, incluida una gran cantidad de zonas públicas usurpadas por la misma, unido a una pasividad y dejadez de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón en sus competencias de control y protección del patrimonio histórico, son los factores que apuntan a que no se conociera la destrucción del yacimiento hasta año y medio después de haberse producido, a pesar de la importancia del yacimiento y encontrarse en un Espacio Natural Protegido. Para Ecologistas en Acción este hecho resulta totalmente inexplicable.

“Cuando yo recorro y visito este lugar, hace más de cuarenta años, se mantiene intacta la cueva neolítica de Chaves, y se mantiene erguida la Carrasca Borracha en plena sierra de Guara, no lejos de la peña Peatra, encima de Bastarás, sin otra misión en nuestros días que asombrar orgullosa a los escasos paseantes que por allí se acercan. Y junto a ella, nada. Ni una mala caseta, ni una borda, nada.”
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Las usurpaciones del espacio público del antiguo término municipal de Bastaras, por parte de FIMBAS, S.A, continúan. Después de varios meses de su anuncio, el Gobierno de Aragón sigue sin acabar de abrir el monte público las Foces de Rodellar. Ninguna administración esta actuando para recuperar el camino Real. La Confederación Hidrográfica del Ebro ya permitió hace años que se ocuparan y vallaran los cauces de varios barrancos, con total impunidad. Y a la propia localidad de Bastaras se viene impidiendo su visita.

Ecologistas en Acción, dentro de su campaña contra estas usurpaciones de los espacios públicos, ha procedido a cambiar los carteles que ilegalmente prohibían el paso por las calles de Bastaras, por otros animando a su visita. Así “Bastaras, abierto las 24 horas” y “Bienvenid@s a Bastaras” han sido algunos de los lemas elegidos. La acción , que ha continuado pese a la presencia de vigilantes de la empresa que han intentado impedirla, ha consistido en borrar los originales y pintar encima los nuevos lemas.

Ecologistas en Acción ya se había dirigido previamente a las administraciones con competencias en esta material para pedir la retirada de dichos carteles, avisando de que la empresa FIMBAS estaba prohibiendo con ellos el paso a una localidad, cuyas calles, fuente, Iglesia y otros espacios son claramente públicos. Igualmente se había solicitado, como ocurre en el resto de localidades de la Comunidad autónoma de Aragón que se procediera a la instalación de un cartel con información sobre dicha localidad.

La actitud de FIMBAS, S.A no se había limitado a la colocación de los carteles, sino que hay constancia de varios casos donde turistas de la zona han sido “invitados” a abandonar el pueblo, por los guardas de esta empresa.

Ecologistas en Acción considera que la localidad de Bastaras, aparte de la visita normalizada como a cualquier otra localidad del entorno, tiene unos valores culturales y arquitectónicos muy representativos del Somontano de la Sierra de Guara y en conjunto un interés de gran belleza que debería llevar al fomento de las visitas. Por el contrario se colocan carteles que prohíben la entrada, con total connivencia con las administraciones que vienen permitiendo este hecho.

Los activistas de Ecologistas en Acción que han participado en la acción, a pesar de no existir denuncia, han sido buscados por un número importante de efectivos de la Guardia Civil, llegando a ser interceptados e identificados por cinco de ellos en el pueblo de Abiego.

Fotos de la acción pinchando aquí:

Ecologistas en Acción ha hecho llegar al presidente del Gobierno de Aragón, 6.000 firmas donde se piden actuaciones referentes a la destrucción de la Cueva de Chaves y a las múltiples irregularidades que sigue cometiendo la empresa FIMBAS, S.A en la finca donde se encuentra.
Hoy se cumplen dos años de que se hiciera pública la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, en pleno Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Uno de los dos yacimientos más importantes de la península Ibérica. El año pasado, coincidente con este aniversario Ecologistas en Acción realizó una simbólica, consistente en vallar la entrada de la delegación territorial del Gobierno de Aragón, para pedir medidas contra la empresa responsable de la destrucción de la cueva de Chaves[1].
Un año después, el Gobierno de Aragón, sin duda por la presión social que se ha ejercido, está a punto de acabar las obras con las que se pretende recuperar el monte público que FIMBAS ha tenido usurpado durante más de 30 años. Sin duda, es un paso adelante, que hemos venido demandando durante los últimos años, pero muy pequeño para acabar con todas las irregularidades, recuperar las zonas degradadas y el pago de los daños medioambientales y culturales causados por esta empresa en la finca de Bastaras.
A dos años de la irresponsable y vandálica destrucción de la cueva de Chaves, que siempre hemos indicado que debería ser un punto de inflexión ante todos los desmanes de la empresa FIMBAS y de su máximo responsable, Victorino Alonso, hay que seguir trabajando para conseguir la recuperación de los enclaves geológicos, históricos, culturales y medioambientales que se encuentran en la conocida como finca Bastaras.

Por eso, en este segundo aniversario, activistas de Ecologistas en Acción han entregado en el registro de la delegación territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, las primeras 6.000 firmas que este colectivo ha recogido, dirigidas al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias. En las mismas se demanda:
– La retirada de toda la valla cinegética (21km);
- La recuperación inmediata de todos los espacios públicos usurpados (Dominio Público Hidráulico, Monte de Utilidad Pública, Camino Real…) para el uso y disfrute de todos los ciudadanos;
- El inicio del proceso de expropiación de la cueva de Chaves, de los abrigos de pinturas rupestres y de los puntos de Interés Geológico (Solencio de Bastaras…) que se encuentran en el interior de la finca, garantizando en todo caso el libre acceso a los mismos;
- Y que se proceda a la regeneración de los espacios degradados por las obras ilegales efectuadas en la finca, a costa de la empresa responsable.

Además de las firmas, se le ha hecho llegar al Presidente de Aragón un cizalla “simbólica” de más de dos metros de longitud, para que le ayude en el cumplimiento de nuestras demandas, especialmente el corte del vallado por los sitios donde corta el acceso a espacios públicos o Bienes de Interés Cultural, geológico y medioambiental

Fotos de la entrega de firmas

La denuncia se produce unas semanas después de que el Justicia de Aragón criticase la gestión del Gobierno aragonés en este caso y exigiera a ambos departamentos que actuasen “con diligencia y eficacia” para defender los intereses públicos afectados y preservar el patrimonio.

Cultura ha remitido al juzgado una reconstrucción virtual del valioso yacimiento destruido.

El Justicia de Aragón ha criticado la gestión del Gobierno de Aragón con los diversos problemas surgidos los últimos años en torno al coto de Bastarás (Casbas de Huesca), que incluye la cueva de Chaves, el yacimiento neolítico más importante de Aragón y uno de los mejor conservados de España, que fue arrasado en 2009 para convertirlo en refugio de ganado. Ante esta situación, Fernando García Vicente pide a los departamentos de Medio Ambiente y Cultura que actúen “con diligencia y eficacia” para “defender los intereses públicos afectados” y preservar el patrimonio “contra posibles agresiones”.

El Justicia analiza en este expediente dos problemas. Por un lado, la “irregular situación, desde hace mucho tiempo”, del vallado cinegético de esta finca de la empresa Fimbas S. A., situada en el Parque Natural de la Sierra de Guara, puesto que impide el paso de un camino real y ocupa terrenos de monte público. A este respecto, García Vicente recuerda que ya en 2007 envió una sugerencia a Medio Ambiente para que actuara “de forma que los montes y el dominio público viario puedan ser disfrutados por los ciudadanos y se cumplan las normas ambientales” que rigen los cotos, pero “no fue contestada, a pesar de recordarse en dos ocasiones esta obligación legal”.

Tras la destrucción del yacimiento, el Defensor del Pueblo aragonés recibió en 2009 una nueva queja ciudadana que urgía regularizar la situación de este espacio, por lo que se dirigió a Medio Ambiente y a Cultura.

En cuanto a la retirada de la valla -que inició por fin subsidiariamente la empresa pública Sodemasa hace unos meses, ante la negativa de la propiedad-, el Justicia explica que la consejería, “igual que hizo en el anterior expediente, remite su resolución a la competencia municipal”. Para García Vicente, esta respuesta solo “desvía la solución del problema, pues si una Administración dotada de medios suficientes no ha conseguido a lo largo de los años que se ejecutasen sus órdenes (…), es ilusorio pensar que un pequeño Ayuntamiento (el de Cabas), o incluso los ciudadanos particulares, puedan por sí mismos ejercer una iniciativa de gran calibre”.

Impacto de las pistas abiertas

Además, se advierte de que “para la retirada de la valla se están abriendo nuevas pistas forestales con un importante impacto”, por lo que pide que se prevean “medidas de restauración para las afecciones que sean inevitables”.
El expediente también aborda la protección de que gozaban la cueva de Chaves y la de Solencio, que según los investigadores no solo posee interés geológico sino también arqueológico, y cuyo alcance cuestiona el Justicia, por lo que pide para todo el entorno “una mayor protección cultural”.

Por otra parte, el Departamento de Cultura informó de que se ha realizado un informe “exhaustivo” de la destrucción del yacimiento elaborando para ello “una reconstrucción virtual de los niveles originales y una estimación del número de objetos o fragmentos que podrían encontrarse en cada una de las capas”. Esta información fue enviada al Juzgado nº 3 de Huesca, que tramita la denuncia presentada por Patrimonio ante la Fiscalía a raíz de los destrozos en este enclave.
Respecto a la situación actual del caso, fuentes judiciales explicaron que todavía están pendientes de varias diligencias y valoraciones que se han solicitado

La ahora cerrada mina a cielo abierto de Tormaleo (Ibias), del empresario leonés Victorino Alonso, ha sido multada con más 225.000 euros por los vertidos realizados en el río Ibias. En concreto, ha recibido una sanción de 150.999 euros por los vertidos realizados en el cauce, y la obligación de indemnizar los daños causados en una cuantía de 75.372 euros.

Ha sido el Ministerio de Medio Ambiente el que, finalmente, ha hecho caso a la Asociación por la defensa del río Ibias, que se creó en marzo pasado para denunciar este hecho. Durante todo este tiempo han tocado todas las puertas, enviado comunicados a todos los órganos competentes, para tratar de solucionar la suciedad y estado de abandono que sufre el río más importante de su concejo. Esta asociación está integrada por todos los demás colectivos del concejo, que fueron invitados a unirse y, de forma unánime, aceptaron.

Los miembros de esta asociación han insistido en que saben que la cantidad «es una miseria» para esa empresa. «Pero que nos den la razón ya es algo que nos llena de satisfacción. Queremos hacer constar que si las autoridades, todas ellas, desde la Alcaldía al Principado, pasando por los diversos estamentos públicos, hiciesen su trabajo, nosotros no tendríamos que haber formado la asociación ni haber salido a la palestra», concluyen.

Enlace a la noticia

Seis activistas de Ecologistas en Acción accedieron al monte público “Las Foces de Rodellar”, para encaramarse a la maquinaria de la empresa FIMBAS, S.A. que impide la entrada de los operarios del Gobierno de Aragón que pretenden ejecutar el retranqueo del vallado. Los/as activistas desplegaron dos pancartas, donde se podía leer “Contra la destrucción del expolio natural y cultural, FIMBAS fuera del monte público y Gobierno de Aragón actúa YA”.

La responsabilidad principal de la actual situación recae, sin duda, sobre la empresa, que con unos responsables de gran poder económico y político, se sienten seguros y no tienen reparos, entre otras sonadas irregularidades, de adueñarse de propiedades y servidumbres públicas y que dando una nueva vuelta de tuerca a la situación ha colocado dos camiones y una excavadora para impedir el acceso de los operarios del Gobierno de Aragón al monte público.

Aún reconociendo esta realidad y la complejidad, sobre todo jurídica, que conlleva combatir las actuaciones de la empresa, Ecologistas en Acción, quiere denunciar de nuevo la actitud pasiva de las administraciones competentes.

El Delegado del Gobierno en Aragón, al que Ecologistas en Acción ha demandado actuaciones urgentes por este tema, debería dar explicaciones sobre su inoperatividad. Los agentes de la Guardia Civil que accedieron a la zona por requerimiento del Servicio Provincial de Medio Ambiente, no dieron la orden de retirada de la maquinaria de la empresa, a pesar de que era una actuación ejecutada subsidiariamente por una administración pública, en un monte público de su propiedad, y actuando de oficio por una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Por otro lado, Ecologistas en Acción considera que la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón debería reconocer que si en lugar de construir una nueva pista forestal de gran impacto ambiental y, dadas las circunstancias, totalmente inútil para su cometido, hubiera procedido a cumplir el mandato judicial por el que obligaba a la empresa a permitir la entrada de los operarios por la zona norte de la finca, a pesar de la complejidad técnica, las obras ya estarían en marcha, dándose una situación muy diferente.

IU ha formulado varias preguntas al consejero de Medio Ambiente ante la ejecución de una pista forestal paralela

Zaragoza.- Izquierda Unida ha solicitado información al consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné, en torno a las obras de retranqueo de una parte del vallado de la finca cinegética de Bastarás y la construcción de una nueva pista forestal.

Cabe recordar que, el pasado 6 de mayo, el consejero de Medio Ambiente informaba a IU, a través de la respuesta a unas preguntas realizadas por su grupo parlamentario en Las Cortes, que “el Departamento de Medio Ambiente ha iniciado la ejecución subsidiaria para retirar el vallado. Ante la inexistente voluntad del propietario para permitir la entrada a la finca, se ha tenido que solicitar ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la solicitud de entrada en la misma”.

Y el pasado 31 de agosto el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo se pronunció favorablemente a la solicitud de entrada. Por esas fechas se hacía pública la propuesta de Fimbas S.A., propietaria de la finca, de ejecutar un nuevo trazado del camino público que une las poblaciones de Panzano y Used por el exterior del vallado del coto.

En este sentido, el Coordinador de IU Alto Aragón, Miguel Aso, denuncia que “entendemos que las acciones de la Administración Pública han de ir encaminadas no a ‘estudiar’ las propuestas de FIMBAS, sino a garantizar la libre circulación por el camino tradicional existente eliminando nuevas afecciones a ese paraje natural”.

Sin embargo, y según ha tenido conocimiento IU, las personas que realizaron una visita, el pasado 11 de septiembre para ver como transcurrían las obras promovidas por la DGA para proceder al retirado de la valla, “se encontraron con la construcción de una nueva pista forestal de gran anchura y longitud fuera del actual vallado, prácticamente pegada a la existente en el interior y que recorre todo su perímetro”. “No se entiende –señala Aso– que si los juzgados habían fallado a favor de la utilización de las pistas existentes en la finca, se esté ejecutando una pista forestal con el mismo recorrido y destino a escasos cinco metros de distancia de media de la ya existente”.

La totalidad del trazado de la nueva pista se encuentra en el interior del Parque natural de la Sierra y Cañones de Guara, siendo igualmente Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Importancia Comunitaria.

“En posteriores visitas a la zona, una de las máquinas contratadas por la DGA continúa trabajando en la nueva pista, reduciendo pendientes, y todos los accesos desde la segunda pista a la primera se encuentran bloqueados por vehículos pertenecientes a la empresa”, han asegurado a IU.

Ante esta situación, Izquierda Unida quiere saber si han fallado los Juzgados a favor de la utilización de las pistas existentes en la finca de Fimbas S.A., para la retirada de la cerca y, en caso afirmativo, cuál es el motivo para que no se hayan utilizado las pistas existentes y se haya realizado una nueva con el impacto ambiental y paisajístico que esta nueva construcción supone.