“Las acusaciones piden elevar hasta 50 millones la indemnización por asolar la cueva de Chaves”

El auto del juez que imputa a Victorino Alonso un delito contra el patrimonio valoró los daños en 14,3 millones.

HUESCA

Las acusaciones particulares del caso de la destrucción de la cueva de Chaves estiman que la valoración del daño causado en este yacimiento neolítico es muy superior a los 14,3 millones de euros que considera el juez en el auto que dictó el pasado octubre, en el que imputa a Victorino Alonso un delito contra el patrimonio histórico, y que podría alcanzar los 50 millones de euros.

Gobierno de Aragón, Ecologistas en Acción y Apudepa, que han recurrido el auto, piden además que se extienda la responsabilidad a los administradores de las sociedades Fimbas (propietaria del coto de Bastarás, donde se encuentra la cueva) y Ferpi (empresa que acometió las obras que destruyeron
el yacimiento en 2007), a los que el juez considera en su resolución «meros testaferros». Las acusaciones reclaman además que se valore también la imputación por delito medioambiental (castigado en código penal con penas que van de dos a cinco años de cárcel) y no solo contra el patrimonio
histórico (de uno a tres años de prisión).

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca hace constar en su auto del pasado 13 de octubre que el valor calculado de la afección «irreversible» que causó la extracción de sedimentos arqueológicos a este «yacimiento de referencia nacional» asciende a 14.311.640,83 euros, una
cifra próxima a la que estima un informe pericial aportado al caso.

Apudepa, sin embargo, esgrime en su recurso otro informe, el que presentó el arqueólogo Vicente Baldellou –recientemente fallecido y que trabajó durante años en las excavaciones de la cueva de Chaves– que valoraba los daños en unos 50 millones de euros, y por ello la abogada de la asociación,
Pilar Villellas, fija en esa cantidad la responsabilidad civil.

También la letrada del Gobierno de Aragón, Isabel Gonzalvo, considera que la cuantía del daño es mayor que la que consta en el auto, no solo en lo que se refiere al delito contra el patrimonio histórico, sino por la
posibilidad de que además existiera un delito medioambiental, lo que aumentaría la afección.

Esta misma semana la representante de los intereses del Gobierno de Aragón mantendrá una reunión en el departamento de Cultura para acordar la cantidad que reclamará la DGA como perjudicada. En todo caso, aunque al Gobierno de Aragón le interesa que la cifra aparezca en el auto de cierre de la instrucción, podrá solicitar el importe que considere oportuno más adelante en el escrito de calificaciones.

Las acusaciones también están preocupadas por cómo asegurar el cobro de la indemnización, dado el entramado societario que rodea al hasta ahora único imputado. La abogada de Apudepa y el de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, piden la ampliación de la imputación a los administradores ‘formales’ de las empresas Fimbas y Ferpi –aunque el juez considera el administrador de
hecho de ambas a Victorino Alonso– y a las propias sociedades.

A su vez, solicitan que, de no ser imputados penalmente, como mínimo se les considere responsable civiles directos, algo que también reclama el Gobierno de Aragón en su recurso.

La DGA quiere que «se tomen las medidas oportunas para asegurar esa responsabilidad, porque estamos hablando de mucho dinero, y se tendrá que abrir una pieza separada para las responsabilidades civiles; si el juicio se alarga se corre el riesgo de que el único imputado no tenga nada a su
nombre», aprecia la letrada Isabel Gonzalvo.

Por su parte, los abogados de Victorino Alonso también han recurrido la resolución solicitando la desimputación de su defendido y el archivo de la causa.

Es el mismo juez instructor quien debe decidir ahora sobre los recursos de reforma presentados por las partes y subsidiariamente, si no estima lo solicitado, pasarán directamente a la Audiencia Provincial para que resuelva. Posteriormente, las partes tendrán que presentar sus escritos de acusación y defensa, así como la Fiscalía, de cara a la celebración del juicio oral.

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