La DGA mantiene abiertos 6 expedientes contra Victorino Alonso por daños en su finca de caza (heraldo.es)

María José Villanueva Huesca
Fuente: heraldo.es
El empresario condenado por la cueva de Chaves afronta ahora multas coercitivas por no restaurar los desperfectos.
Un coto de caza con pueblo incluido. El de Victorino Alonso es uno de los pocos cotos vallados que quedan en Aragón (era anterior a 2002, cuando se prohibieron). Con la finca compró también el pueblo de Bastarás (en la foto de arriba). El personal permite transitar por sus calles, pero los carteles advierten de que es una propiedad privada vigilada por perros, y por todos lados aparecen puertas metálicas que impiden el acceso al coto.Javier BrotoEl empresario leonés Victorino Alonso acaba de ser condenado por la Audiencia de Huesca a dos años de prisión y al pago de 25 millones por la destrucción del yacimiento de la cueva de Chaves. No es su única cuenta pendiente por actividades ilegales en su coto de caza de Bastarás, en el municipio de Casbas. La DGA mantiene abiertos seis expedientes sancionadores contra su empresa Fimbas, titular de la finca, por infracciones a la Ley de Montes, ya que todavía no ha reparado los daños que causó.

El departamento de Desarrollo Rural está utilizando en estos momentos la única herramienta a su alcance, la imposición de multas coercitivas, reiteradas en el tiempo, para intentar que cumpla con lo que se le ordenó. La última la cursó la semana pasada y era la cuarta del mismo expediente.

Y es que el conocido como ‘el rey del carbón’ intenta resolver sus problemas a golpe de talonario, pese a declararse insolvente en el caso de la cueva de Chaves. Cada expediente notificado lo recurrió y cuando se le agotan todas las vías legales, pagó la sanción, pero sin cumplir con la obligación de arreglar los destrozos. “Las deudas económicas están solventadas, pero no ocurre lo mismo con la restauración de los daños, pendientes en todos los casos. Por eso se le imponen multas coercitivas. Comprobamos que no ha reparado los desperfectos y volvemos a enviarle otra”, indicaron desde la consejería.

Alonso no solo utilizó las excavadoras para arrasar el yacimiento neolítico. Los problemas en su finca de 2.000 hectáreas, en el Parque Natural de la Sierra de Guara, empezaron cuando la compró a un empresario francés. El 31 de agosto de 2006, mediante la suscripción de 140.000 acciones, Maderas Bodelón S. L, de la que era administrador único, pasó a ser accionista mayoritaria de la sociedad Fimbas S. A.

Los primeros trabajos en la finca coincidieron con la construcción del aeropuerto de Huesca, donde trabajaban las excavadoras de la empresa Ferpi, a las que ordenó entrar en el yacimiento de la cueva de Chaves. Alonso administraba Catermace S. L., a su vez accionista de Ferpi.

Quedan abiertos contra Fimbas seis expedientes por hacer o ensanchar pistas, eliminar vegetación, colocar vallado y otras estructuras metálicas, excederse en la edificación de un almacén, roturar 120 hectáreas o construir balsas para beber a los animales. Dos son de 2008, dos de 2009, una de 2012 y otra de 2013. Pero la propia sentencia habla de que desde 2006 acumuló diez. Uno de los expedientes caducó y prescribió la infracción.

80.000 euros en multas

Fimbas ha pagado casi 80.000 euros en multas por infracciones, a la Ley de Montes, todas graves salvo una, de entre 300,51 y 33.000 euros. La sanción por el almacén de dimensiones superiores a las autorizadas fue de 9.000 euros, pero además debía derribar el exceso de edificación, algo que no ha hecho. En otro expediente por abrir una pista, hacer una balsa y poner una valla, se le impusieron 60.000 euros. Recurrió y se quedó en la mitad. Algunos expedientes se paralizaron mientras se investigó si había delito ecológico, pero quedó absuelto.

El abogado que ejerció la acusación particular en nombre de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, mantiene que hubo daños medioambientales, pero los tribunales entendieron que no encajaban en el tipo delictivo. “Entró con excavadoras. Un sendero lo convirtió en un camino apto para el paso de maquinaria. Y eso en un Parque Natural”, comenta.

Batidas sin publicidad

La infracción administrativa más grave, no obstante, fue contra la Ley de Caza, por introducir una especie exótica, el arrui, que le costó la anulación del coto. Esta se hará efectiva en 2019, ya que la DGA debe comprobar la captura de otras especies alóctonas y la reducción de las autóctonas antes de la retirada del vallado. Será en junio de ese año cuando se realice el censo final para asegurar que no quedan ni muflones ni gamos y que hay un máximo de 150 jabalíes y 50 ciervos. Solo entonces, se instará a la propiedad a quitar el vallado. Hasta ahora se ha permitido a Fimbas organizar cacerías para reducir el censo mediante los sistemas selectivos de rececho y aguardo o espera.

A lo largo de 2018 se actuará sobre todo en la vigilancia del cercado norte, unas 1.000 hectáreas, y se prevé poder eliminar la valla de esta parte. La empresa tendrá 3 meses para quitar el cercano desde que se le dé la orden.

Las actuaciones se centrarán en 2019 en la parte sur, donde dadas las condiciones del terreno y la mayor densidad de ejemplares, también se permiten batidas para controlar las especies, supervisadas por personal de la DGA. Eso sí, la empresa tiene prohibido dar publicidad a las mismas y comerciar con la caza de los animales que quedan en el coto.

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