“Confirman la fianza de 66 millones a Alonso por destruir la cueva Chaves” (leonoticias)

leonoticias.com

La Fiscalía solicita una condena de 2 años y 8 meses de prisión y le reclama una indemnización de 14,3 millones

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha confirmado la fianza de 66 millones de euros contra el empresario leonés del carbón Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves para asegurar las posibles responsabilidades.

En su auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Efe, el instructor posibilita a las acusaciones responsabilizar a Alonso de un delito contra el patrimonio y reclamar una indemnización máxima en concepto de responsabilidad civil por los daños causados de 50,9 millones de euros.

La fiscalía solicita para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión como presunto responsable de un delito contra un yacimiento arqueológico y reclama una indemnización de 14,3 millones.

En la causa están personadas las organizaciones Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), que pide 3 años de prisión y el pago de una indemnización de 50,9 millones de euros, y Ecologistas en Acción, que reclama dos condenas de tres años de prisión.

La representación legal del Gobierno aragonés se postula únicamente como “actor civil” y reclama el pago de la indemnización de 50,9 millones referida, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.

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Acusaciones

Todas las acusaciones reclaman la condena de las sociedades Fimbas, que gestionaban el coto de caza vallado donde se ubica el yacimiento, y Ferpi, la encargada de hacer las obras que provocaron la destrucción como responsables civiles subsidiarias.

Los daños se produjeron en 2007 en el entorno de la cueva durante la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza en el coto, ubicado en el Parque Natural de Guara.

Las obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida “irremediable” de los posibles niveles arqueológicos existente y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.

Todas las acusaciones señalan que el yacimiento es un bien protegido incluido en la Carta Arqueológica de Aragón, y uno de los más importantes de Europa.

“Un testigo atribuye la decisión de actuar en la Cueva de Chaves a Victorino Alonso” (Diario del AltoAragón)

Diario del AltoAragón

LA HOYA. DESTRUCCIÓN DEL YACIMIENTO NEOLÍTICO

Un testigo atribuye la decisión de actuar en la Cueva de Chaves a Alonso. Un ex trabajador de Fimbas declaró ayer en el juzgado.

D.A. HUESCA.- Un antiguo trabajador de Fimbas, la empresa que gestionaba el coto de caza de Bastarás (en el municipio de Casbas de Huesca), declaró ayer que Victorino Alonso, el empresario imputado en la causa abierta por la destrucción de la Cueva de Chaves -importante yacimiento neolítico situado en el citado coto- era “el único jefe y patrón de todos los negocios en la finca”.
Así lo aseguró ayer Apudepa (Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) en una nota de prensa, en la que explicó que el ex trabajador declaró ayer como testigo en el Juzgado número 3 de Huesca. Apudepa, que desde que en la primavera del 2007 se supo de la destrucción de la Cueva de Chaves ha recabado información al respecto y ha ejercido la acusación particular en cuantas testificales han tenido lugar en el juzgado, aseguró que el ex trabajador de Fimbas, acompañado de documentación, dejó claro que el imputado Victorino Alonso, empresario vinculado al carbón y a otras muchas actividades en España, era quien daba “todas las órdenes”. Añadió que, según la declaración, “su presencia en el coto era mucho más frecuente de lo que hasta ahora sabíamos por cuanto sus estancias eran cuando menos mensuales y se prolongaban varios días, supervisando el coto y las numerosísimas obras medioambientales que se fueron haciendo, sin los permisos oportunos, en la primera década del siglo XXI”.
Por la declaración -prosiguió Apudepa- quedó patente que Alonso, también como dueño de la empresa Ferpi, “ordenaba el
traslado de la maquinaria pesada, utilizada en el aeropuerto de Monflorite, al coto de Bastarás y que fue él directamente quién dio la orden de actuar masivamente en la gran Cueva de Chaves, suponiendo el trabajo ordenado la destrucción absoluta del gran yacimiento del neolítico ibérico, el segundo de mayor importancia en España”, apuntó la asociación en la nota.
Según la declaración de ayer, prosiguió Apudepa, la intervención en la cueva no se hizo en un solo día ni por una sola persona
sino que intervinieron al menos cuatro o cinco profesionales y “potentísimas” máquinas. “La orden que dio Alonso al palista
fue que los materiales removidos, todos con restos arqueológicos del neolítico, fueran a parar a un barranco para actuar de dique”, señaló la asociación en la nota.
Por todo ello, Apudepa considera que gracias a la declaración de ayer se está, “por fin, más cerca de la verdad y eso es una buena noticia para Aragón y toda España”, a la par que se felicita de que gracias al procedimiento judicial “vaya surgiendo
la verdad en relación con un caso tan importante relativo al patrimonio cultural aragonés”.

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Heraldo.es

Un trabajador dice que Victorino Alonso ordenó destruir la cueva de Chaves

Un antiguo trabajador de una empresa dirigida por el imputado por la destrucción de la cueva de Chaves le acusa de dar la orden de destruirla.

Este martes ha tenido lugar la declaracion de uno de los imputados en el juicio por el expolio de la cueva de Chaves en Huesca en el juzgado nº 3 de la capital oscense.

Además del empresario Victorino Alonso y del trabajador que ha comparecido como testigo, en la causa están imputadas otras dos personas vinculadas laboralmente con el empresario.

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Cueva de Chaves Foto: Heraldo.es

Según indica, Apudepa en un comunicado, la declaración de Alejandro Millet, ha reconfirmado al empresario Victorino Alonso como el responsable del expolio que se conoció en 2009.

Alejandro Millet, antiguo trabajador de a empresa Fimbas, dirigida por Victorino Alonso ha dejado claro, en su declaración, según indica Apudepa, que el imputado  “era el único jefe y patrón de todos los negocios en la finca del coto de Bastaras en Huesca”.

“Todas las órdenes las daba él y su presencia en el coto era frecuente”, según indican en el comunicado y que, añade: “supervisaba el coto y las obras medioambientales que se fueron haciendo”.

En la declaración, ha explicado que Alonso, “también como dueño de la empresa Ferpi, el imputado, ordenaba el traslado de la maquinaria pesada, utilizada en el aeropuerto de Monflorite, al coto de Bastaras” y ha añadido “que fue el directamente quién dio la orden actuar de masivamente en la gran Cueva de Chaves”.

La cueva era un yacimiento del neolítico ibérico, el segundo de mayor importancia en España.

En la declaración de este martes, según el comunicado de Apudepa, se ha conocido que la intervención en la cueva no se hizo en un solo día ni por una sola persona sino que intervinieron al menos cuatro o cinco profesionales y máquinas.

“La orden que dio Alonso al palista fue que los materiales removidos, todos con restos arqueológicos del neolítico, fueran a parar a un barranco para actuar de dique”, ha explicado el testigo, según Apudepa.

La destrucción de la Cueva de Chaves fue denunciada en este año por la fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés, que presentó toda la documentación referida a los daños causados al yacimiento, en el que trabajaba desde años atrás el exdirector del Museo de Huesca Vicente Baldellou.

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“Testigo achaca al empresario Victorino Alonso la destrucción de Cueva Chaves. ABC.es

Hunosa demandará a dos empresas de Victorino Alonso por el carbón desaparecido

Javier Fernández- ELCOMERCIO.es

La compañía pública asegura que nunca dio permiso al empresario para mover el carbón de la reserva estratégica y cifra en más de 500.000 las toneladas desaparecidas

Tras reunirse con el consejo de administración de Hunosa, Teresa Mallada, presidenta de la empresa pública, compareció hoy ante los medios para ofrecer las primeras declaraciones oficiales acerca de polémica que envuelve las 500.000 toneladas de carbón del del Estado pertenecientes al Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC), que se encontraban en las instalaciones del grupo Alonso y que, según los ofrecidos por Hunosa, han desaparecido.

Mallada rebatió uno por uno todos los argumentos que en los últimos días ha esgrimido el holding minero en varios comunicados de prensa para justificar la ausencia de mineral. Aseguró que Uminsa y CMC, ambas propiedad del empresario leonés Victorino Alonso, son “las únicas empresas” que han reclamado que sus pilas se han visto afectadas por mermas superiores a las especificadas en el contrato -2%-. Argumentó, en la misma línea, que existen otras compañías que cuentan con mineral del AETC en zonas muy próximas a los almacenes de Alonso y que no se han escudado en las inclemencias meteorológicas para justificar unas pérdidas que, añadió, el resto de minas ni siquiera han comunicado.

Mallada destacó también que Hunosa nunca dio permiso para que el mineral del AETC, que fue creado en 2009, se mezclase con el de otros propietarios y tampoco para que se moviese, más allá del servicio a los clientes finales. Alegó que se paga un alquiler en función del volumen almacenado y que, por tanto, ese mineral debe permanecer estocado en los lugares que reflejan los acuerdos suscritos.

Los cálculos de la empresa pública cifran el desfase de carbón en algo más de 528.000.000 toneladas, cuyo valor rondaría los 46 millones de euros. Esta cantidad correspondería a seis contratos suscritos con el grupo Alonso. De momento, Hunosa solo ha iniciado trámites para reclamar los dos mayores acuerdos, con destino a la central térmica de Compostilla y en los que se habría detectado la ausencia de unas 327.000.000 toneladas, cuyo valor supera los 26 millones. La presidenta de la compañía pública resaltó que los pactos no recogen la posibilidad de que el holding minero -que niega la desaparición y asegura estar dispuesto a reponer a su costa las mermas- pueda hacer frente a esta cantidad con su patrimonio. Por lo tanto, y siguiendo los cauces que estipula el acuerdo, ha recurrido a “los mecanismos que tiene para recuperar ese déficit”. En primer lugar ha tratado de extraerlo de la facturación que Alonso tiene con las eléctricas, pero estas se han negado a dar luz verde a esta opción hasta que no existan sentencias en firme. Se ha dirigido entonces al Ministerio de Industria, a quien corresponde en estos momentos tomar una decisión, para que los 26 millones salgan de la parte de las ayudas a la minería que corresponden a Uminsa y CMC.

Para la reclamación del resto de toneladas, incluidas en los otros cuatro contratos, Hunosa esperará a que finalice una medición independiente, que se encuentra en curso, y que ofrecerá sus propios datos del desfase de mineral.

La hullera pública, además, ultima la presentación de una querella criminal contra el holding minero que podría incluir delitos como apropiación indebida y estafa.

Aragón pide ayuda al Estado para proteger una cueva del neolítico que ha sido expoliada

YOLANDA AZNAR / ABC

La Cueva de Chaves está dentro de una propiedad privada y sus dueños han acabado con restos arqueológicos muy valiosos, según denuncian varias asociaciones.

En la comarca oscense de la Hoya de Huesca, en el corazón de la Sierra de Guara, se encuentra la Cueva de Chaves, que alberga retos arqueológicos del neolítico únicos en Aragón. Es el segundo yacimiento de la época más importante de la península y uno de los más relevantes a nivel internacional. Sin embargo, gran parte de ese patrimonio ha sido expoliado en los últimos años. Ahora, desde Aragón piden la colaboración del Estado para depurar responsabilidades y, sobre todo, para proteger los pocos restos que todavía se conservan en su interior.

La Cueva de Chaves está dentro de la propiedad privada de la empresa Fimbas S. A.., que acumula numerosas denuncias por irregularidades medioambientales. La propiedad se conoce como finca de Bastarás y en su interior se realizan numerosas cacerías. El problema es que unas obras puestas en marcha en el interior de la propiedad han acabado por destruir gran parte de los importantes restos del neolítico.

La polémica por la destrucción del yacimiento neolítico hallado en la Cueva de Chaves ha sobrepasado el ámbito patrimonial y ecólogico y ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. Allí, Chunta Aragonesista ha presentado varias preguntas para que el Gobierno central se implique en su conservación.

Piden que se pongan en marcha medidas para proteger los restos que todavía se conservan y sobre todo le reclaman qe actúe de urgencia para expropiar este coto de caza por su alto valor patrimonial. Y es que al estar en una propiedad privada, los restos arqueológicos están más desprotegidos.

De momento, el tema está en los tribunales. La Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón impuso a la propietaria de la finca una sanción de 30.000 euros, el cierre del coto, la eliminación de toda la fauna alóctona y la retirada total del vallado perimetral. Esta orden fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Sin embargo, la empresa ha recurrido al Supremo. Así, la sentencia ha quedado en suspenso hasta que el Tribunal tome una decisión al respecto.

Mientras, en la finca se puede seguir cazando. Así lo denuncian desde Ecologistas en Acción. Aseguran que la empresa oferta 60 puestos de tiro para tres monterías que se van a realizan en Bastarás en la actual temporada de caza. Cada puesto de tiro está valorado en 3.500 euros. Es decir, pueden obtener unos beneficios de 210.000 euros.

Condena en firme a Victorino Alonso, el propietario de la finca de Bastaras en la que han destruído el yacimiento arqueológico neolítico de la Cueva de Chaves, a pagar 800.000 euros por la explotación de la mina a cielo abierto del Feixolín en Laciana-León.

radiobierzo.es

Es la decisión de la sección uno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ratifica una sentencia anterior emitida por el juzgado de lo Contencioso de León, que declaraba firme esa cifra en lugar de los 129 millones de euros que inicialmente solicitó el Gobierno municipal de Izquierda Unida por infracciones urbanísticas y ambientales cometidas por la MSP en ese cielo abierto.

Precisamente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida exige explicaciones al Gobierno municipal sobre el silencio que ha mantenido sobre esta sentencia. En el próximo pleno exigirán que esos 800.000 euros se ejecuten y se destinen al pago de las deudas del consistorio

Es más, en el pleno, Izquierda Unida reclamará al consistorio que se deshaga definitivamente de cualquier atadura con Victorino Alonso. En concreto, y dado que Coto Minero solo efectúa actualmente en el valle labores de restauración en Fonfría, la formación pedirá que le retiren todas las concesiones mineras para buscar a otros posibles empresarios interesados.

La sentencia  hace referencia a los doce años que ese cielo abierto operó sin licencias. En 2007, el equipo de Gobierno dirigido entonces por Guillermo Murias reclamó  129 millones por laborar sin las licencias, crear escombreras y todo ello sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental. Fue la mayor multa impuesta en España por un ayuntamiento a una empresa, aunque el juzgado de lo Contencioso la rebajó a esos 800.000 euros en los que ha quedado definitivamente establecida.

Ecologistas critica que se pueda seguir cazando en la finca de Bastarás

“Es algo inaudito, siguen haciendo lo que quieren”, denunció el colectivo

HUESCA.- Ecologistas en Acción lamentó ayer que legalmente puedan celebrarse las monterías en la finca de Bastarás que han sido ofertadas para hoy, el 1 de diciembre y el 23 de febrero por la empresa “Servicio de Caza Cabezas”. Según explicó ayer el miembro de este colectivo Chesús Ferrer, “la empresa ha recurrido al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que ha quedado en suspenso, y como el Gobierno de Aragón no pidió medidas cautelares, pueden seguir cazando”. La Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón impuso a la propietaria de la finca, la empresa Fimbas. S.A., una sanción de 30.000 euros, el cierre del coto, la eliminación de toda la fauna alóctona y la retirada total del vallado perimetral. Esta orden fue ratificada por la sentencia de la sala de lo contencioso del TSJA, desestimando el recurso de la empresa, que ha recurrido ahora al Supremo.

Diario del AltoAragón. 10-11-2012

Victorino Alonso declara como imputado en el juicio por la destrucción del yacimiento de la Cueva de Chaves

Fuente: Radio Huesca

Victorino Alonso asegura que él no tomaba las decisiones para la destrucción de Chaves

El empresario Victorino Alonso declaraba este martes en el Juzgado de Instrucción número Tres de Huesca por el caso de la destrucción del yacimiento de la Cueva de Chaves. Sólo acepta su participación indirecta en la empresa propietaria del coto donde se encuentra el yacimiento, pero asegura que él no tomaba las decisiones, y que sólo conoce el coto porque iba a cazar 2 o 3 veces al año. En el año 2009 una máquina entró a la cueva y destrozó uno de los yacimientos neolíticos más importantes de la Península Ibérica.

Había dudas respecto a la comparecencia del empresario minero, puesto que en numerosas ocasiones, aunque por otros casos, ha hecho caso omiso a requerimientos similares de la justicia, pero finalmente viajaba a Huesca para declarar.

Su abogado asegura que no tiene ninguna relación con la sociedad Fimbas, la que gestiona el coto donde se encuentra el yacimiento, “ni con ninguna decisión que se haya tomado al respecto”. De esta forma el abogado defensor intenta echar por tierra las acusaciones de destrucción de uno de los yacimientos neolíticos mejor conservados de la Península Ibérica.

Los abogados de la acusación, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Ecologistas en Acción y Apudepa, creen que Alonso conocía la importancia de la cueva y el valor incalculable del yacimiento, pero ordenó la actuación que terminó con los vestigios neolíticos. Ahora trabajarán para demostrar la relación directa y de momento hay un testigo que ha declarado que era Alonso quien daba las órdenes tanto en Fimbas como en la empresa propietaria de la máquina que destrozó los restos arqueológicos.

En el año 2009 una máquina procedió a la excavación indiscriminada de la cueva para habilitarla como corral para los animales que luego cazaba en el coto. Los restos arqueológicos de las capas superiores quedaron destrozados.

Hay otros imputados en el caso, Alejandro Millet, representante de la empresa Fimbas en el propio coto de Bastarás y Antonio Francisco de la Fuente, administrador de Fimbas.

En este caso continúa en fase de instrucción y, según el abogado de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, el juicio podría tardar 2 o 3 años en producirse.

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