La DGA mantiene abiertos 6 expedientes contra Victorino Alonso por daños en su finca de caza (heraldo.es)

María José Villanueva Huesca
Fuente: heraldo.es
El empresario condenado por la cueva de Chaves afronta ahora multas coercitivas por no restaurar los desperfectos.
Un coto de caza con pueblo incluido. El de Victorino Alonso es uno de los pocos cotos vallados que quedan en Aragón (era anterior a 2002, cuando se prohibieron). Con la finca compró también el pueblo de Bastarás (en la foto de arriba). El personal permite transitar por sus calles, pero los carteles advierten de que es una propiedad privada vigilada por perros, y por todos lados aparecen puertas metálicas que impiden el acceso al coto.Javier BrotoEl empresario leonés Victorino Alonso acaba de ser condenado por la Audiencia de Huesca a dos años de prisión y al pago de 25 millones por la destrucción del yacimiento de la cueva de Chaves. No es su única cuenta pendiente por actividades ilegales en su coto de caza de Bastarás, en el municipio de Casbas. La DGA mantiene abiertos seis expedientes sancionadores contra su empresa Fimbas, titular de la finca, por infracciones a la Ley de Montes, ya que todavía no ha reparado los daños que causó.

El departamento de Desarrollo Rural está utilizando en estos momentos la única herramienta a su alcance, la imposición de multas coercitivas, reiteradas en el tiempo, para intentar que cumpla con lo que se le ordenó. La última la cursó la semana pasada y era la cuarta del mismo expediente.

Y es que el conocido como ‘el rey del carbón’ intenta resolver sus problemas a golpe de talonario, pese a declararse insolvente en el caso de la cueva de Chaves. Cada expediente notificado lo recurrió y cuando se le agotan todas las vías legales, pagó la sanción, pero sin cumplir con la obligación de arreglar los destrozos. “Las deudas económicas están solventadas, pero no ocurre lo mismo con la restauración de los daños, pendientes en todos los casos. Por eso se le imponen multas coercitivas. Comprobamos que no ha reparado los desperfectos y volvemos a enviarle otra”, indicaron desde la consejería.

Alonso no solo utilizó las excavadoras para arrasar el yacimiento neolítico. Los problemas en su finca de 2.000 hectáreas, en el Parque Natural de la Sierra de Guara, empezaron cuando la compró a un empresario francés. El 31 de agosto de 2006, mediante la suscripción de 140.000 acciones, Maderas Bodelón S. L, de la que era administrador único, pasó a ser accionista mayoritaria de la sociedad Fimbas S. A.

Los primeros trabajos en la finca coincidieron con la construcción del aeropuerto de Huesca, donde trabajaban las excavadoras de la empresa Ferpi, a las que ordenó entrar en el yacimiento de la cueva de Chaves. Alonso administraba Catermace S. L., a su vez accionista de Ferpi.

Quedan abiertos contra Fimbas seis expedientes por hacer o ensanchar pistas, eliminar vegetación, colocar vallado y otras estructuras metálicas, excederse en la edificación de un almacén, roturar 120 hectáreas o construir balsas para beber a los animales. Dos son de 2008, dos de 2009, una de 2012 y otra de 2013. Pero la propia sentencia habla de que desde 2006 acumuló diez. Uno de los expedientes caducó y prescribió la infracción.

80.000 euros en multas

Fimbas ha pagado casi 80.000 euros en multas por infracciones, a la Ley de Montes, todas graves salvo una, de entre 300,51 y 33.000 euros. La sanción por el almacén de dimensiones superiores a las autorizadas fue de 9.000 euros, pero además debía derribar el exceso de edificación, algo que no ha hecho. En otro expediente por abrir una pista, hacer una balsa y poner una valla, se le impusieron 60.000 euros. Recurrió y se quedó en la mitad. Algunos expedientes se paralizaron mientras se investigó si había delito ecológico, pero quedó absuelto.

El abogado que ejerció la acusación particular en nombre de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, mantiene que hubo daños medioambientales, pero los tribunales entendieron que no encajaban en el tipo delictivo. “Entró con excavadoras. Un sendero lo convirtió en un camino apto para el paso de maquinaria. Y eso en un Parque Natural”, comenta.

Batidas sin publicidad

La infracción administrativa más grave, no obstante, fue contra la Ley de Caza, por introducir una especie exótica, el arrui, que le costó la anulación del coto. Esta se hará efectiva en 2019, ya que la DGA debe comprobar la captura de otras especies alóctonas y la reducción de las autóctonas antes de la retirada del vallado. Será en junio de ese año cuando se realice el censo final para asegurar que no quedan ni muflones ni gamos y que hay un máximo de 150 jabalíes y 50 ciervos. Solo entonces, se instará a la propiedad a quitar el vallado. Hasta ahora se ha permitido a Fimbas organizar cacerías para reducir el censo mediante los sistemas selectivos de rececho y aguardo o espera.

A lo largo de 2018 se actuará sobre todo en la vigilancia del cercado norte, unas 1.000 hectáreas, y se prevé poder eliminar la valla de esta parte. La empresa tendrá 3 meses para quitar el cercano desde que se le dé la orden.

Las actuaciones se centrarán en 2019 en la parte sur, donde dadas las condiciones del terreno y la mayor densidad de ejemplares, también se permiten batidas para controlar las especies, supervisadas por personal de la DGA. Eso sí, la empresa tiene prohibido dar publicidad a las mismas y comerciar con la caza de los animales que quedan en el coto.

Anuncios

Rebajan a dos años la pena de prisión a Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves (arainfo.org)

ACHENCIAS / ARAINFO

La sentencia, que ya es firme, confirma que Alonso cometió un delito contra el patrimonio histórico cuando ordenó ejecutar las obras que destruyeron en octubre de 2007 el yacimiento Neolítico de la Cueva de Chaves -el más importante del Estado español-, ubicado en el municipio oscense de Casbas, dentro de una finca que la empresa Fimbas, SA -controlada por el empresario minero- explotaba como coto de caza. Asimismo, la sentencia mantiene la multa de 25.490.805 euros.

La Audiencia de Uesca ha reducido de dos años y medio de prisión a dos años la pena impuesta al empresario leonés Victorino Alonso por dilaciones judiciales indebidas, pero mantiene la multa de 25.490.805 euros por la destrucción de la Cueva de Chaves, un yacimiento arqueológico situado en la Sierra de Guara declarado Bien de interés Cultural (BIC) y reconocido por la Unesco como patrimonio mundial.

La sentencia, que ya es firme, confirma que Alonso cometió un delito contra el patrimonio histórico cuando ordenó ejecutar las obras que destruyeron en octubre de 2007 el yacimiento Neolítico de la Cueva de Chaves -el más importante del Estado español-, ubicado en el municipio oscense de Casbas, dentro de una finca que la empresa Fimbas, SA -controlada por el empresario minero- explotaba como coto de caza.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Uesca ya impuso en noviembre de 2016 la pena de dos años y seis meses de cárcel a Alonso, al considerarlo autor de un delito contra el patrimonio. De esta forma, la Audiencia notificaba este pasado lunes su sentencia ante el recurso de apelación presentado por la defensa del empresario leonés, que si bien reduce la pena de privación de libertad, confirma la indemnización de 25.490.805 euros en favor del Gobierno de Aragón por los daños.

La Audiencia de Uesca aprecia “varios intervalos de tiempo” en la instrucción del caso, que no pueden ser atribuidos a la complejidad de la investigación ni a la actitud del encausado. En concreto, el tribunal aprecia cuatro periodos de paralización y computa en siete años el tiempo transcurrido entre el comienzo de la instrucción y la celebración del juicio, motivos por los que estima la atenuante de dilaciones indebidas, que rebaja la pena impuesta a dos años, “habida cuenta de la especial gravedad de los daños, su trascendencia e irreversibilidad, así como la futilidad del motivo para intervenir en la cueva”.

Asimismo, la sala rechaza el resto de los argumentos que esgrime la defensa en su recurso, entre estos “la prescripción del delito, la vulneración de la presunción de inocencia del acusado, la falta de protección del yacimiento arqueológico y el cálculo de la indemnización”.

La Audiencia oscense razona que la investigación judicial de los hechos supuso “una inequívoca voluntad de no renunciar a la persecución del delito y su castigo”, acto que interrumpió la prescripción. Además, recuerda a los representantes legales de Alonso que si éste fue absuelto en el mismo proceso de un delito contra el medio ambiente que se le imputaba por las actuaciones en la cueva fue porque no quedó acreditada su comisión, pero no por haber prescrito, como señalaba el recurso.

Por otra parte, destaca que los testimonios que señalan al empresario como administrador de hecho de la sociedad que explotaba el coto de caza constituyen “prueba de cargo suficiente con la que destruir la presunción de inocencia” del reo.

El abogado defensor, aunque la sentencia es firme y no admite recurso, ya ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional español.

Antecedentes

El proceso se inició en junio de 2009 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía al tener conocimiento de que en el yacimiento arqueológico de la finca denominada “Bastarás”, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y uno de los más importantes asentamientos neolíticos de la Península Ibérica por sus hallazgos y sus pinturas rupestres, el empresario Victorino Alonso García ordenó la realización de obras en el interior de la Cueva de Chaves consistentes en el vaciado de sus losas y sedimentos, con el fin de nivelar el suelo de la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, así como de utilizar el material extraído para la construcción de un dique de contención de aguas cercano a la cueva.

Las losas y sedimentos arqueológicos fueron retirados con una retroexcavadora de gran tonelaje y sin la presencia de ningún arqueólogo. El magistrado consideró entonces acreditados los daños consistentes en el arrasamiento y destrucción de la práctica totalidad de los niveles arqueológicos de cronología neolítica que se encontraban en la Cueva de Chaves.

En su sentencia, el juez consideró también acreditado que Fimbas SA era conocedora de la existencia del yacimiento arqueológico, de su protección y de la necesidad de solicitar autorización a la DGA para realizar cualquier tipo de intervención en la cueva y que Victorino Alonso, “no sólo era conocedor de la existencia del yacimiento dentro de la Cueva de Chaves, sino también de su valor arqueológico y por consiguiente también de su protección”.

Pese a ser conocedor del valor arqueológico del yacimiento, el empresario leonés “tomó la decisión de vaciar la Cueva de Chaves con el fin de utilizarla para el interés de la empresa y la explotación del coto de caza”. Entendió entonces el juzgado que la extracción de sedimentos y la nivelación del suelo “obedeció a un plan preconcebido y no como consecuencia de una acción involuntaria de arrastrar la tierra al sacar las losas”, tal y como argumentaba en aquel momento la defensa.

“El Gobierno valorará si acepta el coto de Bastarás” (diariodelaltoaragon.es)

P. B. D. A
Fuente: diariodelaltoaragon.es

Tomar la propiedad sería parte del pago de la indemnización requerida a Victorino Alonso

HUESCA.- El coto de Bastarás podría llegar a ser propiedad del Gobierno de Aragón como parte del pago de la indemnización por la que el empresario Victorino Alonso fue condenado por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, situada en el interior de este espacio cinegético.

Según informaron fuentes del Gobierno, el ofrecimiento por parte de la empresa Fimbas “no ha llegado todavía” al Departamento de Patrimonio aunque no descartaron que la propuesta haya llegado a los servicios jurídicos del Ejecutivo autónomo.

“Estamos apercibidos de que ese ofrecimiento va a llegar y en el momento en que llegue, el Departamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma realizará un informe y valorará si es pertinente o no la aceptación de esa finca en pago”.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca requirió al empresario Victorino Alonso el pago de 25,5 millones de euros en concepto de indemnización por la destrucción de la cueva de Chaves. “Por una orden del consejero de Hacienda se aceptará o no esa dación en pago”, agregaron desde el Ejecutivo autónomo.

El abogado de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, expresó que la empresa Fimbas ha dado todo el voto “como dación en pago de la indemnización” y queda pendiente que el Gobierno de Aragón dé su respuesta.

El letrado entiende que si Fimbas diera el coto a a la DGA “cubriría el cincuenta por ciento de la indemnización y sería un pago parcial porque desde luego el coto no vale 25 millones”.

En caso de que la DGA asumiera la titularidad de este espacio, desde Ecologistas en Acción, matizó, “entendemos que se solventarían todos los problemas medioambientales que han surgido en la zona por el coto y se protegería la fauna y flora de la zona al estar dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara”.

A juicio del abogado, “sería un solución que el espacio pasase a manos públicas, se pondría en valor toda la riqueza ambiental, eliminaría el coto así como sus especies alóctonas además de restaurar un poco el equilibrio ecológico en la zona”.

 

 

 

Ofrecen una finca de caza de 12 millones como indemnización por la destrucción de la cueva de Chaves (heraldo.es)

María José Villanueva / Huesca
Fuente: heraldo.es

Fimbas S. A., responsable civil subsidiaria, propone su finca de Bastarás como dación en pago ante la insolvencia del empresario Victorino Alonso. Dice que es su único activo pero no cubre ni la mitad de la indemnización a la que fue condenada.

Fimbas SA, responsable civil subsidiaria de los daños causados en el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, en el municipio de Casbas de Huesca, ha ofrecido al juzgado la finca de Bastarás como dación en pago para afrontar la indemnización de 25 millones de euros a la que fue condenada. La sociedad mercantil es propietaria de ese coto de caza, de unas 2.000 hectáreas, donde está la cueva y hay otros abrigos rupestres.

Fimbas ha remitido un escrito al Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, encargado de ejecutar la sentencia que condenó al empresario minero leonés Victorino Alonso por un delito contra el patrimonio histórico a dos años de prisión y al pago de la citada indemnización, de la que debe responder subsidiariamente la sociedad Fimbas. La relación entre ambos quedó clara en la sentencia: el empresario era administrador único de Maderas Bodelón, sociedad que a su vez tenía la mayoría de las acciones de Fimbas.

Nace la primera asociación de jóvenes cazadores aragoneses
Leer más

En el escrito, el representante legal de esta sociedad indica que está obligada al pago de la indemnización, “una vez confirmada la imposibilidad total o parcial de que el condenado en primer grado haga frente a la misma”. Se refiere a la “insolvencia parcial” de Alonso, al que solo se le ha podido embargar la parte legal de la pensión (17.538 euros durante los tres últimos años). Él dio la orden de meter una excavadora en la cueva de Chaves, donde había un yacimiento neolítico, para vaciarla de losas y sedimentos, con el fin de nivelar el suelo y poner comederos y abrevaderos para las cabras.

De esta forma, Fimbas informa al juez de su disposición a satisfacer la responsabilidad civil, “en la medida de su capacidad económica”, teniendo en cuenta la trascendencia que esto pueda tener de cara a la suspensión de la pena al condenado, es decir, para evitar su ingreso en prisión. Asegura que la finca es el único activo de la sociedad. También aclara que para hacer efectiva la dación en pago es necesario el consentimiento expreso del acreedor. El Gobierno de Aragón es el beneficiario de la indemnización por el delito contra el patrimonio.

Los terrenos de Bastarás, en Casbas de Huesca, están valorada en 12.665.639 euros, lo que solo cubriría el 49% de la indemnización, según una tasación de la propia mercantil, aportada en su día al juzgado, cuando se le requirieron los bienes susceptibles de ser embargados por las responsabilidades civiles del caso, en junio de 2016. En la relación de propiedades que dio figuran 80 subdivisiones. Una de ellas tiene 1.574 hectáreas y el resto van desde 3 hectáreas a 0,03. En total, 1.932 ha.

La abogada de la asociación de defensa del patrimonio (Apudepa), Pilar Villellas, que ejerció la acusación particular, cree que sería necesario hacer una valoración real de esta propiedad y sobre todo ha pedido al juzgado la protección de los tres abrigos rupestres situados enfrente de la cueva de Chaves.

La finca de Bastarás, situada en el Parque Natural de la Sierra de Guara, incluye el antiguo pueblo de Bastarás, actualmente recuperado. Ha sido coto de caza, pero se anuló por introducir ilegalmente una especie de cabra africana.

“Un testigo atribuye la decisión de actuar en la Cueva de Chaves a Victorino Alonso” (Diario del AltoAragón)

Diario del AltoAragón

LA HOYA. DESTRUCCIÓN DEL YACIMIENTO NEOLÍTICO

Un testigo atribuye la decisión de actuar en la Cueva de Chaves a Alonso. Un ex trabajador de Fimbas declaró ayer en el juzgado.

D.A. HUESCA.- Un antiguo trabajador de Fimbas, la empresa que gestionaba el coto de caza de Bastarás (en el municipio de Casbas de Huesca), declaró ayer que Victorino Alonso, el empresario imputado en la causa abierta por la destrucción de la Cueva de Chaves -importante yacimiento neolítico situado en el citado coto- era “el único jefe y patrón de todos los negocios en la finca”.
Así lo aseguró ayer Apudepa (Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) en una nota de prensa, en la que explicó que el ex trabajador declaró ayer como testigo en el Juzgado número 3 de Huesca. Apudepa, que desde que en la primavera del 2007 se supo de la destrucción de la Cueva de Chaves ha recabado información al respecto y ha ejercido la acusación particular en cuantas testificales han tenido lugar en el juzgado, aseguró que el ex trabajador de Fimbas, acompañado de documentación, dejó claro que el imputado Victorino Alonso, empresario vinculado al carbón y a otras muchas actividades en España, era quien daba “todas las órdenes”. Añadió que, según la declaración, “su presencia en el coto era mucho más frecuente de lo que hasta ahora sabíamos por cuanto sus estancias eran cuando menos mensuales y se prolongaban varios días, supervisando el coto y las numerosísimas obras medioambientales que se fueron haciendo, sin los permisos oportunos, en la primera década del siglo XXI”.
Por la declaración -prosiguió Apudepa- quedó patente que Alonso, también como dueño de la empresa Ferpi, “ordenaba el
traslado de la maquinaria pesada, utilizada en el aeropuerto de Monflorite, al coto de Bastarás y que fue él directamente quién dio la orden de actuar masivamente en la gran Cueva de Chaves, suponiendo el trabajo ordenado la destrucción absoluta del gran yacimiento del neolítico ibérico, el segundo de mayor importancia en España”, apuntó la asociación en la nota.
Según la declaración de ayer, prosiguió Apudepa, la intervención en la cueva no se hizo en un solo día ni por una sola persona
sino que intervinieron al menos cuatro o cinco profesionales y “potentísimas” máquinas. “La orden que dio Alonso al palista
fue que los materiales removidos, todos con restos arqueológicos del neolítico, fueran a parar a un barranco para actuar de dique”, señaló la asociación en la nota.
Por todo ello, Apudepa considera que gracias a la declaración de ayer se está, “por fin, más cerca de la verdad y eso es una buena noticia para Aragón y toda España”, a la par que se felicita de que gracias al procedimiento judicial “vaya surgiendo
la verdad en relación con un caso tan importante relativo al patrimonio cultural aragonés”.

===

Heraldo.es

Un trabajador dice que Victorino Alonso ordenó destruir la cueva de Chaves

Un antiguo trabajador de una empresa dirigida por el imputado por la destrucción de la cueva de Chaves le acusa de dar la orden de destruirla.

Este martes ha tenido lugar la declaracion de uno de los imputados en el juicio por el expolio de la cueva de Chaves en Huesca en el juzgado nº 3 de la capital oscense.

Además del empresario Victorino Alonso y del trabajador que ha comparecido como testigo, en la causa están imputadas otras dos personas vinculadas laboralmente con el empresario.

_chaves_8a8e1b38

Cueva de Chaves Foto: Heraldo.es

Según indica, Apudepa en un comunicado, la declaración de Alejandro Millet, ha reconfirmado al empresario Victorino Alonso como el responsable del expolio que se conoció en 2009.

Alejandro Millet, antiguo trabajador de a empresa Fimbas, dirigida por Victorino Alonso ha dejado claro, en su declaración, según indica Apudepa, que el imputado  “era el único jefe y patrón de todos los negocios en la finca del coto de Bastaras en Huesca”.

“Todas las órdenes las daba él y su presencia en el coto era frecuente”, según indican en el comunicado y que, añade: “supervisaba el coto y las obras medioambientales que se fueron haciendo”.

En la declaración, ha explicado que Alonso, “también como dueño de la empresa Ferpi, el imputado, ordenaba el traslado de la maquinaria pesada, utilizada en el aeropuerto de Monflorite, al coto de Bastaras” y ha añadido “que fue el directamente quién dio la orden actuar de masivamente en la gran Cueva de Chaves”.

La cueva era un yacimiento del neolítico ibérico, el segundo de mayor importancia en España.

En la declaración de este martes, según el comunicado de Apudepa, se ha conocido que la intervención en la cueva no se hizo en un solo día ni por una sola persona sino que intervinieron al menos cuatro o cinco profesionales y máquinas.

“La orden que dio Alonso al palista fue que los materiales removidos, todos con restos arqueológicos del neolítico, fueran a parar a un barranco para actuar de dique”, ha explicado el testigo, según Apudepa.

La destrucción de la Cueva de Chaves fue denunciada en este año por la fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés, que presentó toda la documentación referida a los daños causados al yacimiento, en el que trabajaba desde años atrás el exdirector del Museo de Huesca Vicente Baldellou.

===

“Testigo achaca al empresario Victorino Alonso la destrucción de Cueva Chaves. ABC.es

Ecologistas critica que se pueda seguir cazando en la finca de Bastarás

“Es algo inaudito, siguen haciendo lo que quieren”, denunció el colectivo

HUESCA.- Ecologistas en Acción lamentó ayer que legalmente puedan celebrarse las monterías en la finca de Bastarás que han sido ofertadas para hoy, el 1 de diciembre y el 23 de febrero por la empresa “Servicio de Caza Cabezas”. Según explicó ayer el miembro de este colectivo Chesús Ferrer, “la empresa ha recurrido al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que ha quedado en suspenso, y como el Gobierno de Aragón no pidió medidas cautelares, pueden seguir cazando”. La Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón impuso a la propietaria de la finca, la empresa Fimbas. S.A., una sanción de 30.000 euros, el cierre del coto, la eliminación de toda la fauna alóctona y la retirada total del vallado perimetral. Esta orden fue ratificada por la sentencia de la sala de lo contencioso del TSJA, desestimando el recurso de la empresa, que ha recurrido ahora al Supremo.

Diario del AltoAragón. 10-11-2012

Victorino Alonso declara como imputado en el juicio por la destrucción del yacimiento de la Cueva de Chaves

Fuente: Radio Huesca

Victorino Alonso asegura que él no tomaba las decisiones para la destrucción de Chaves

El empresario Victorino Alonso declaraba este martes en el Juzgado de Instrucción número Tres de Huesca por el caso de la destrucción del yacimiento de la Cueva de Chaves. Sólo acepta su participación indirecta en la empresa propietaria del coto donde se encuentra el yacimiento, pero asegura que él no tomaba las decisiones, y que sólo conoce el coto porque iba a cazar 2 o 3 veces al año. En el año 2009 una máquina entró a la cueva y destrozó uno de los yacimientos neolíticos más importantes de la Península Ibérica.

Había dudas respecto a la comparecencia del empresario minero, puesto que en numerosas ocasiones, aunque por otros casos, ha hecho caso omiso a requerimientos similares de la justicia, pero finalmente viajaba a Huesca para declarar.

Su abogado asegura que no tiene ninguna relación con la sociedad Fimbas, la que gestiona el coto donde se encuentra el yacimiento, “ni con ninguna decisión que se haya tomado al respecto”. De esta forma el abogado defensor intenta echar por tierra las acusaciones de destrucción de uno de los yacimientos neolíticos mejor conservados de la Península Ibérica.

Los abogados de la acusación, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Ecologistas en Acción y Apudepa, creen que Alonso conocía la importancia de la cueva y el valor incalculable del yacimiento, pero ordenó la actuación que terminó con los vestigios neolíticos. Ahora trabajarán para demostrar la relación directa y de momento hay un testigo que ha declarado que era Alonso quien daba las órdenes tanto en Fimbas como en la empresa propietaria de la máquina que destrozó los restos arqueológicos.

En el año 2009 una máquina procedió a la excavación indiscriminada de la cueva para habilitarla como corral para los animales que luego cazaba en el coto. Los restos arqueológicos de las capas superiores quedaron destrozados.

Hay otros imputados en el caso, Alejandro Millet, representante de la empresa Fimbas en el propio coto de Bastarás y Antonio Francisco de la Fuente, administrador de Fimbas.

En este caso continúa en fase de instrucción y, según el abogado de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, el juicio podría tardar 2 o 3 años en producirse.

Pinchar aquí o en la imagen para ver video

_____

Recordemos: