La DGA mantiene abiertos 6 expedientes contra Victorino Alonso por daños en su finca de caza (heraldo.es)

María José Villanueva Huesca
Fuente: heraldo.es
El empresario condenado por la cueva de Chaves afronta ahora multas coercitivas por no restaurar los desperfectos.
Un coto de caza con pueblo incluido. El de Victorino Alonso es uno de los pocos cotos vallados que quedan en Aragón (era anterior a 2002, cuando se prohibieron). Con la finca compró también el pueblo de Bastarás (en la foto de arriba). El personal permite transitar por sus calles, pero los carteles advierten de que es una propiedad privada vigilada por perros, y por todos lados aparecen puertas metálicas que impiden el acceso al coto.Javier BrotoEl empresario leonés Victorino Alonso acaba de ser condenado por la Audiencia de Huesca a dos años de prisión y al pago de 25 millones por la destrucción del yacimiento de la cueva de Chaves. No es su única cuenta pendiente por actividades ilegales en su coto de caza de Bastarás, en el municipio de Casbas. La DGA mantiene abiertos seis expedientes sancionadores contra su empresa Fimbas, titular de la finca, por infracciones a la Ley de Montes, ya que todavía no ha reparado los daños que causó.

El departamento de Desarrollo Rural está utilizando en estos momentos la única herramienta a su alcance, la imposición de multas coercitivas, reiteradas en el tiempo, para intentar que cumpla con lo que se le ordenó. La última la cursó la semana pasada y era la cuarta del mismo expediente.

Y es que el conocido como ‘el rey del carbón’ intenta resolver sus problemas a golpe de talonario, pese a declararse insolvente en el caso de la cueva de Chaves. Cada expediente notificado lo recurrió y cuando se le agotan todas las vías legales, pagó la sanción, pero sin cumplir con la obligación de arreglar los destrozos. “Las deudas económicas están solventadas, pero no ocurre lo mismo con la restauración de los daños, pendientes en todos los casos. Por eso se le imponen multas coercitivas. Comprobamos que no ha reparado los desperfectos y volvemos a enviarle otra”, indicaron desde la consejería.

Alonso no solo utilizó las excavadoras para arrasar el yacimiento neolítico. Los problemas en su finca de 2.000 hectáreas, en el Parque Natural de la Sierra de Guara, empezaron cuando la compró a un empresario francés. El 31 de agosto de 2006, mediante la suscripción de 140.000 acciones, Maderas Bodelón S. L, de la que era administrador único, pasó a ser accionista mayoritaria de la sociedad Fimbas S. A.

Los primeros trabajos en la finca coincidieron con la construcción del aeropuerto de Huesca, donde trabajaban las excavadoras de la empresa Ferpi, a las que ordenó entrar en el yacimiento de la cueva de Chaves. Alonso administraba Catermace S. L., a su vez accionista de Ferpi.

Quedan abiertos contra Fimbas seis expedientes por hacer o ensanchar pistas, eliminar vegetación, colocar vallado y otras estructuras metálicas, excederse en la edificación de un almacén, roturar 120 hectáreas o construir balsas para beber a los animales. Dos son de 2008, dos de 2009, una de 2012 y otra de 2013. Pero la propia sentencia habla de que desde 2006 acumuló diez. Uno de los expedientes caducó y prescribió la infracción.

80.000 euros en multas

Fimbas ha pagado casi 80.000 euros en multas por infracciones, a la Ley de Montes, todas graves salvo una, de entre 300,51 y 33.000 euros. La sanción por el almacén de dimensiones superiores a las autorizadas fue de 9.000 euros, pero además debía derribar el exceso de edificación, algo que no ha hecho. En otro expediente por abrir una pista, hacer una balsa y poner una valla, se le impusieron 60.000 euros. Recurrió y se quedó en la mitad. Algunos expedientes se paralizaron mientras se investigó si había delito ecológico, pero quedó absuelto.

El abogado que ejerció la acusación particular en nombre de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, mantiene que hubo daños medioambientales, pero los tribunales entendieron que no encajaban en el tipo delictivo. “Entró con excavadoras. Un sendero lo convirtió en un camino apto para el paso de maquinaria. Y eso en un Parque Natural”, comenta.

Batidas sin publicidad

La infracción administrativa más grave, no obstante, fue contra la Ley de Caza, por introducir una especie exótica, el arrui, que le costó la anulación del coto. Esta se hará efectiva en 2019, ya que la DGA debe comprobar la captura de otras especies alóctonas y la reducción de las autóctonas antes de la retirada del vallado. Será en junio de ese año cuando se realice el censo final para asegurar que no quedan ni muflones ni gamos y que hay un máximo de 150 jabalíes y 50 ciervos. Solo entonces, se instará a la propiedad a quitar el vallado. Hasta ahora se ha permitido a Fimbas organizar cacerías para reducir el censo mediante los sistemas selectivos de rececho y aguardo o espera.

A lo largo de 2018 se actuará sobre todo en la vigilancia del cercado norte, unas 1.000 hectáreas, y se prevé poder eliminar la valla de esta parte. La empresa tendrá 3 meses para quitar el cercano desde que se le dé la orden.

Las actuaciones se centrarán en 2019 en la parte sur, donde dadas las condiciones del terreno y la mayor densidad de ejemplares, también se permiten batidas para controlar las especies, supervisadas por personal de la DGA. Eso sí, la empresa tiene prohibido dar publicidad a las mismas y comerciar con la caza de los animales que quedan en el coto.

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La Audiencia rechaza la nulidad de las actuaciones solicitada por Alonso (diariodelaltoaragon.es)

M. J. LACASTA
Fuente: diariodelaltoaragon.es

La única vía judicial que le queda al empresario condenado por destruir la cueva de Chaves es el amparo al Constitucional

HUESCA.- La Audiencia Provincial de Huesca ha desestimado el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa de Victorino Alonso contra la sentencia que condenó al empresario leonés por un delito contra el patrimonio histórico a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 25,5 millones euros por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves.

Las defensas del conocido como “rey del carbón” y de Fimbas, empresa propietaria del coto de caza de Bastarás en el que está el yacimiento y responsable civil subsidiario en el pago de la indemnización, habían presentado el incidente para pedir la nulidad de las actuaciones y la suspensión de la condena, amparándose en una supuesta vulneración de su derecho a una tutela judicial.

Sin embargo, la Audiencia Provincia de Huesca desestima la solicitud de nulidad de la sentencia en un auto conocido ayer y contra el que no cabe recurso alguno.

Esta resolución supone que la única vía judicial de recurso que le queda a la defensa de Alonso es acudir al Tribunal Constitucional mediante la presentación de un recurso de amparo.

Este auto llega en la misma semana en la que se ha conocido que la Fiscalía de Huesca y el Gobierno de Aragón, en su condición de actor civil en el proceso judicial, habían presentado sendos escritos en el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca en los que se oponen a la suspensión de la pena de dos años de prisión, después de que ni Alonso ni Fimbas hubieran satisfecho, en el plazo de 15 días fijado, la indemnización de 25,5 millones de euros que les impuso el juzgado. El Gobierno de Aragón ha aceptado como dación en pago el coto de caza que le ha ofrecido Fimbas, pero su valoración económica (12 millones de euros) no alcanza los 25,5 millones de indemnización impuestos en la sentencia.

Rebajan a dos años la pena de prisión a Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves (arainfo.org)

ACHENCIAS / ARAINFO

La sentencia, que ya es firme, confirma que Alonso cometió un delito contra el patrimonio histórico cuando ordenó ejecutar las obras que destruyeron en octubre de 2007 el yacimiento Neolítico de la Cueva de Chaves -el más importante del Estado español-, ubicado en el municipio oscense de Casbas, dentro de una finca que la empresa Fimbas, SA -controlada por el empresario minero- explotaba como coto de caza. Asimismo, la sentencia mantiene la multa de 25.490.805 euros.

La Audiencia de Uesca ha reducido de dos años y medio de prisión a dos años la pena impuesta al empresario leonés Victorino Alonso por dilaciones judiciales indebidas, pero mantiene la multa de 25.490.805 euros por la destrucción de la Cueva de Chaves, un yacimiento arqueológico situado en la Sierra de Guara declarado Bien de interés Cultural (BIC) y reconocido por la Unesco como patrimonio mundial.

La sentencia, que ya es firme, confirma que Alonso cometió un delito contra el patrimonio histórico cuando ordenó ejecutar las obras que destruyeron en octubre de 2007 el yacimiento Neolítico de la Cueva de Chaves -el más importante del Estado español-, ubicado en el municipio oscense de Casbas, dentro de una finca que la empresa Fimbas, SA -controlada por el empresario minero- explotaba como coto de caza.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Uesca ya impuso en noviembre de 2016 la pena de dos años y seis meses de cárcel a Alonso, al considerarlo autor de un delito contra el patrimonio. De esta forma, la Audiencia notificaba este pasado lunes su sentencia ante el recurso de apelación presentado por la defensa del empresario leonés, que si bien reduce la pena de privación de libertad, confirma la indemnización de 25.490.805 euros en favor del Gobierno de Aragón por los daños.

La Audiencia de Uesca aprecia “varios intervalos de tiempo” en la instrucción del caso, que no pueden ser atribuidos a la complejidad de la investigación ni a la actitud del encausado. En concreto, el tribunal aprecia cuatro periodos de paralización y computa en siete años el tiempo transcurrido entre el comienzo de la instrucción y la celebración del juicio, motivos por los que estima la atenuante de dilaciones indebidas, que rebaja la pena impuesta a dos años, “habida cuenta de la especial gravedad de los daños, su trascendencia e irreversibilidad, así como la futilidad del motivo para intervenir en la cueva”.

Asimismo, la sala rechaza el resto de los argumentos que esgrime la defensa en su recurso, entre estos “la prescripción del delito, la vulneración de la presunción de inocencia del acusado, la falta de protección del yacimiento arqueológico y el cálculo de la indemnización”.

La Audiencia oscense razona que la investigación judicial de los hechos supuso “una inequívoca voluntad de no renunciar a la persecución del delito y su castigo”, acto que interrumpió la prescripción. Además, recuerda a los representantes legales de Alonso que si éste fue absuelto en el mismo proceso de un delito contra el medio ambiente que se le imputaba por las actuaciones en la cueva fue porque no quedó acreditada su comisión, pero no por haber prescrito, como señalaba el recurso.

Por otra parte, destaca que los testimonios que señalan al empresario como administrador de hecho de la sociedad que explotaba el coto de caza constituyen “prueba de cargo suficiente con la que destruir la presunción de inocencia” del reo.

El abogado defensor, aunque la sentencia es firme y no admite recurso, ya ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional español.

Antecedentes

El proceso se inició en junio de 2009 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía al tener conocimiento de que en el yacimiento arqueológico de la finca denominada “Bastarás”, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y uno de los más importantes asentamientos neolíticos de la Península Ibérica por sus hallazgos y sus pinturas rupestres, el empresario Victorino Alonso García ordenó la realización de obras en el interior de la Cueva de Chaves consistentes en el vaciado de sus losas y sedimentos, con el fin de nivelar el suelo de la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, así como de utilizar el material extraído para la construcción de un dique de contención de aguas cercano a la cueva.

Las losas y sedimentos arqueológicos fueron retirados con una retroexcavadora de gran tonelaje y sin la presencia de ningún arqueólogo. El magistrado consideró entonces acreditados los daños consistentes en el arrasamiento y destrucción de la práctica totalidad de los niveles arqueológicos de cronología neolítica que se encontraban en la Cueva de Chaves.

En su sentencia, el juez consideró también acreditado que Fimbas SA era conocedora de la existencia del yacimiento arqueológico, de su protección y de la necesidad de solicitar autorización a la DGA para realizar cualquier tipo de intervención en la cueva y que Victorino Alonso, “no sólo era conocedor de la existencia del yacimiento dentro de la Cueva de Chaves, sino también de su valor arqueológico y por consiguiente también de su protección”.

Pese a ser conocedor del valor arqueológico del yacimiento, el empresario leonés “tomó la decisión de vaciar la Cueva de Chaves con el fin de utilizarla para el interés de la empresa y la explotación del coto de caza”. Entendió entonces el juzgado que la extracción de sedimentos y la nivelación del suelo “obedeció a un plan preconcebido y no como consecuencia de una acción involuntaria de arrastrar la tierra al sacar las losas”, tal y como argumentaba en aquel momento la defensa.

Ofrecen una finca de caza de 12 millones como indemnización por la destrucción de la cueva de Chaves (heraldo.es)

María José Villanueva / Huesca
Fuente: heraldo.es

Fimbas S. A., responsable civil subsidiaria, propone su finca de Bastarás como dación en pago ante la insolvencia del empresario Victorino Alonso. Dice que es su único activo pero no cubre ni la mitad de la indemnización a la que fue condenada.

Fimbas SA, responsable civil subsidiaria de los daños causados en el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, en el municipio de Casbas de Huesca, ha ofrecido al juzgado la finca de Bastarás como dación en pago para afrontar la indemnización de 25 millones de euros a la que fue condenada. La sociedad mercantil es propietaria de ese coto de caza, de unas 2.000 hectáreas, donde está la cueva y hay otros abrigos rupestres.

Fimbas ha remitido un escrito al Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, encargado de ejecutar la sentencia que condenó al empresario minero leonés Victorino Alonso por un delito contra el patrimonio histórico a dos años de prisión y al pago de la citada indemnización, de la que debe responder subsidiariamente la sociedad Fimbas. La relación entre ambos quedó clara en la sentencia: el empresario era administrador único de Maderas Bodelón, sociedad que a su vez tenía la mayoría de las acciones de Fimbas.

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En el escrito, el representante legal de esta sociedad indica que está obligada al pago de la indemnización, “una vez confirmada la imposibilidad total o parcial de que el condenado en primer grado haga frente a la misma”. Se refiere a la “insolvencia parcial” de Alonso, al que solo se le ha podido embargar la parte legal de la pensión (17.538 euros durante los tres últimos años). Él dio la orden de meter una excavadora en la cueva de Chaves, donde había un yacimiento neolítico, para vaciarla de losas y sedimentos, con el fin de nivelar el suelo y poner comederos y abrevaderos para las cabras.

De esta forma, Fimbas informa al juez de su disposición a satisfacer la responsabilidad civil, “en la medida de su capacidad económica”, teniendo en cuenta la trascendencia que esto pueda tener de cara a la suspensión de la pena al condenado, es decir, para evitar su ingreso en prisión. Asegura que la finca es el único activo de la sociedad. También aclara que para hacer efectiva la dación en pago es necesario el consentimiento expreso del acreedor. El Gobierno de Aragón es el beneficiario de la indemnización por el delito contra el patrimonio.

Los terrenos de Bastarás, en Casbas de Huesca, están valorada en 12.665.639 euros, lo que solo cubriría el 49% de la indemnización, según una tasación de la propia mercantil, aportada en su día al juzgado, cuando se le requirieron los bienes susceptibles de ser embargados por las responsabilidades civiles del caso, en junio de 2016. En la relación de propiedades que dio figuran 80 subdivisiones. Una de ellas tiene 1.574 hectáreas y el resto van desde 3 hectáreas a 0,03. En total, 1.932 ha.

La abogada de la asociación de defensa del patrimonio (Apudepa), Pilar Villellas, que ejerció la acusación particular, cree que sería necesario hacer una valoración real de esta propiedad y sobre todo ha pedido al juzgado la protección de los tres abrigos rupestres situados enfrente de la cueva de Chaves.

La finca de Bastarás, situada en el Parque Natural de la Sierra de Guara, incluye el antiguo pueblo de Bastarás, actualmente recuperado. Ha sido coto de caza, pero se anuló por introducir ilegalmente una especie de cabra africana.

“Confirman la fianza de 66 millones a Alonso por destruir la cueva Chaves” (leonoticias)

leonoticias.com

La Fiscalía solicita una condena de 2 años y 8 meses de prisión y le reclama una indemnización de 14,3 millones

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha confirmado la fianza de 66 millones de euros contra el empresario leonés del carbón Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves para asegurar las posibles responsabilidades.

En su auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Efe, el instructor posibilita a las acusaciones responsabilizar a Alonso de un delito contra el patrimonio y reclamar una indemnización máxima en concepto de responsabilidad civil por los daños causados de 50,9 millones de euros.

La fiscalía solicita para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión como presunto responsable de un delito contra un yacimiento arqueológico y reclama una indemnización de 14,3 millones.

En la causa están personadas las organizaciones Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), que pide 3 años de prisión y el pago de una indemnización de 50,9 millones de euros, y Ecologistas en Acción, que reclama dos condenas de tres años de prisión.

La representación legal del Gobierno aragonés se postula únicamente como “actor civil” y reclama el pago de la indemnización de 50,9 millones referida, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.

chaves

Acusaciones

Todas las acusaciones reclaman la condena de las sociedades Fimbas, que gestionaban el coto de caza vallado donde se ubica el yacimiento, y Ferpi, la encargada de hacer las obras que provocaron la destrucción como responsables civiles subsidiarias.

Los daños se produjeron en 2007 en el entorno de la cueva durante la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza en el coto, ubicado en el Parque Natural de Guara.

Las obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida “irremediable” de los posibles niveles arqueológicos existente y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.

Todas las acusaciones señalan que el yacimiento es un bien protegido incluido en la Carta Arqueológica de Aragón, y uno de los más importantes de Europa.

Fianza de 66 millones a Victorino Alonso por la destrucción de la cueva de Chaves

Fuente: elperiodicodearagon.com

EFE 26/02/2015

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha abierto juicio oral contra el empresario leonés del Carbón Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves y le impone una fianza de 66,2 millones de euros para asegurar las posibles responsabilidades.

En su auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Efe, el instructor posibilita a las acusaciones responsabilizar a Alonso de un delito contra el patrimonio y reclamar una indemnización máxima en concepto de responsabilidad civil por los daños causados de 50,9 millones de euros.

El juez también aprecia la petición de Ecologistas en Acción y abre la posibilidad de imputar al empresario un presunto delito contra el medio ambiente, una petición que había rechazado previamente.

Asimismo, incluye en el auto la incorporación de la sociedad Fimbas, que gestionaba el coto de caza vallado donde se ubica el yacimiento, y de las empresa Ferpi, la encargada de hacer las obras que provocaron su destrucción, como responsables civiles subsidiarios.

El auto, contra el que sólo cabe recurso en lo referido a la situación personal del acusado, recoge los contenidos de las distintas acusaciones a la hora de establecer las condiciones de desarrollo del juicio oral.

La fiscalía solicita para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión como presunto responsable de un delito contra un yacimiento arqueológico y reclama una indemnización de 14,3 millones, de acuerdo con el contenido de uno de los informes periciales aportados por el Gobierno aragonés a la causa.

Apudepa (Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés) reclama a su vez para el empresario 3 años de prisión, multa de 288.000 euros y el pago de una indemnización de 50,9 millones de euros como presunto responsable de la destrucción de la cueva de Chaves.

La petición de indemnización, la misma que plantean Ecologistas en Acción y el Gobierno aragonés, consta en el primer informe que realizó el fallecido director del Museo de Huesca Vicente Baldellou de valoración de los daños causados.

Ecologistas en Acción solicitan a su vez dos condenas de tres años de prisión para Alonso como presunto responsables de un delito contra el patrimonio y de otro contra el medio ambiente.

La representación legal del Gobierno aragonés se postula únicamente como “actor civil” y reclama el pago de la indemnización de 50,9 millones referida, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.

Todas las acusaciones reclaman la condena de las sociedades Fimbas y Ferpi como responsables civiles subsidiarias en el pago de las posibles indemnizaciones acordadas durante la vista oral.

Los daños se derivan de las obras y movimientos de tierra realizados en 2007 en el entorno de la Cueva de Chaves para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto, ubicado en el Parque Natural de Guara y vallado en su perímetro.

Estas obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida “irremediable” de los posibles niveles arqueológicos existente y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.

Todas las acusaciones señalan que el yacimiento es un bien protegido incluido en la Carta Arqueológica de Aragón, y uno de los más importantes de Europa.

“Las acusaciones piden elevar hasta 50 millones la indemnización por asolar la cueva de Chaves”

El auto del juez que imputa a Victorino Alonso un delito contra el patrimonio valoró los daños en 14,3 millones.

HUESCA

Las acusaciones particulares del caso de la destrucción de la cueva de Chaves estiman que la valoración del daño causado en este yacimiento neolítico es muy superior a los 14,3 millones de euros que considera el juez en el auto que dictó el pasado octubre, en el que imputa a Victorino Alonso un delito contra el patrimonio histórico, y que podría alcanzar los 50 millones de euros.

Gobierno de Aragón, Ecologistas en Acción y Apudepa, que han recurrido el auto, piden además que se extienda la responsabilidad a los administradores de las sociedades Fimbas (propietaria del coto de Bastarás, donde se encuentra la cueva) y Ferpi (empresa que acometió las obras que destruyeron
el yacimiento en 2007), a los que el juez considera en su resolución «meros testaferros». Las acusaciones reclaman además que se valore también la imputación por delito medioambiental (castigado en código penal con penas que van de dos a cinco años de cárcel) y no solo contra el patrimonio
histórico (de uno a tres años de prisión).

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca hace constar en su auto del pasado 13 de octubre que el valor calculado de la afección «irreversible» que causó la extracción de sedimentos arqueológicos a este «yacimiento de referencia nacional» asciende a 14.311.640,83 euros, una
cifra próxima a la que estima un informe pericial aportado al caso.

Apudepa, sin embargo, esgrime en su recurso otro informe, el que presentó el arqueólogo Vicente Baldellou –recientemente fallecido y que trabajó durante años en las excavaciones de la cueva de Chaves– que valoraba los daños en unos 50 millones de euros, y por ello la abogada de la asociación,
Pilar Villellas, fija en esa cantidad la responsabilidad civil.

También la letrada del Gobierno de Aragón, Isabel Gonzalvo, considera que la cuantía del daño es mayor que la que consta en el auto, no solo en lo que se refiere al delito contra el patrimonio histórico, sino por la
posibilidad de que además existiera un delito medioambiental, lo que aumentaría la afección.

Esta misma semana la representante de los intereses del Gobierno de Aragón mantendrá una reunión en el departamento de Cultura para acordar la cantidad que reclamará la DGA como perjudicada. En todo caso, aunque al Gobierno de Aragón le interesa que la cifra aparezca en el auto de cierre de la instrucción, podrá solicitar el importe que considere oportuno más adelante en el escrito de calificaciones.

Las acusaciones también están preocupadas por cómo asegurar el cobro de la indemnización, dado el entramado societario que rodea al hasta ahora único imputado. La abogada de Apudepa y el de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, piden la ampliación de la imputación a los administradores ‘formales’ de las empresas Fimbas y Ferpi –aunque el juez considera el administrador de
hecho de ambas a Victorino Alonso– y a las propias sociedades.

A su vez, solicitan que, de no ser imputados penalmente, como mínimo se les considere responsable civiles directos, algo que también reclama el Gobierno de Aragón en su recurso.

La DGA quiere que «se tomen las medidas oportunas para asegurar esa responsabilidad, porque estamos hablando de mucho dinero, y se tendrá que abrir una pieza separada para las responsabilidades civiles; si el juicio se alarga se corre el riesgo de que el único imputado no tenga nada a su
nombre», aprecia la letrada Isabel Gonzalvo.

Por su parte, los abogados de Victorino Alonso también han recurrido la resolución solicitando la desimputación de su defendido y el archivo de la causa.

Es el mismo juez instructor quien debe decidir ahora sobre los recursos de reforma presentados por las partes y subsidiariamente, si no estima lo solicitado, pasarán directamente a la Audiencia Provincial para que resuelva. Posteriormente, las partes tendrán que presentar sus escritos de acusación y defensa, así como la Fiscalía, de cara a la celebración del juicio oral.