Victorino Alonso, recibido con huevos e insultos en los juzgados de Cangas del Narcea

RTPA

El empresario Victorino Alonso ha comparecido hoy durante tres horas ante el juez de Cangas del Narcea por la supuesta desaparición de 577.000 toneladas de carbón propiedad de Hunosa.
A las puertas de ese juzgado de Cangas se concentraron muchas personas indignadas, desde trabajadores, mujeres del carbón hasta vecinos de Degaña, Ibias y Cangas que recibieron y despidieron al empresario leonés con gritos, insultos y huevos. Precisamente, se había desplegado un amplio dispositivo de seguridad cercando el juzgado con vallas.
Victorino Alonso ha insistido en su defensa frente a HUNOSA y ha negado que el carbón que la hullera pública le reclama haya desaparecido. “Ha contestado a las preguntas que le han hecho que creo que están en línea con el segundo informe de la perito que declaró la semana pasada y que confirma que el carbón de la ETC está donde está, es decir, en las instalaciones de Unión Minera del Norte y Coto Minero Cantábrico, que ha estado alli siempre y que en ningún momento han faltado toneladas pese a lo qe HUNOSA pretende”, señaló el abogado del Grupo Alonso, César Garnelo, a la salida de los juzgados.
El Grupo Alonso insiste en que, si en el primer informe redactado por la perito faltaban algo más de 500.000 toneladas de carbón, fue porque HUNOSA, no quiso contar todas las pilas que debía. Si se demuestra su inocencia, explica el abogado de la defensa, Alonso no descarta demandar a HUNOSA por calumnias.
“Si uno presenta una acusación formal, como es una querella, imputando a alguien la comisión de un delito de estafa, otro de apropiación indebida y otro de falsedad documental tendrá que suponer que, si no lo puede probar, la otra parte de puede acusar de calumnia ya que, efectivamente, está haciendo una acusación que es falsa”, dijo Garnelo.
La declaración de Alonso cierra la lista de comparecencias requeridas por HUNOSA y ahora, será el juez quien decida si solicita más pruebas y declaraciones.
Mineros, mujeres del carbón y vecinos a las puertas de los juzgados de Cangas
La mañana ha sido relativamente tranquila en el exterior del juzgado de Cangas mientras se esperaba la llegada y la salida de Victorino Alonso aunque mineros, mujeres del carbón y vecinos, han mostrado su indignación por las medidas de seguridad que se habían preparado.
A las puertas del juzgado de Cangas del Narcea se respiraba hoy impotencia, rabia y también ganas de lucha. Desde antes de las 9.00 horas de la mañana los mineros, las mujeres del carbón y los vecinos han establecido su posición y han dejado claro que están indignados por la situación de abandono en la que se sienten y por las medidas excepcionales que se han tomado para recibir a Victorino Alonso.
Las emociones estaban hoy a flor de piel sobre todo entre los que viven los impagos y las huelgas en primera persona. Unas trescientas personas se han reunido ante el juzgado pero detrás de la barrera de una treintena de efectivos de la guardia civil y de las vallas de seguridad que se han instalado.
Vuelta al trabajo en la mina de Cerredo
El lunes hay convocada una reunión entre el Grupo Alonso y los representantes de los trabajadores de Huminsa y está en juego el retorno a la actividad en la mina de Cerredo.
Si los trabajadores deciden abandonar la huelga y comienzan a trabajar, en la mina no solo trabajarían los empleados de la explotación de Degaña, sino que el grupo Alonso tiene previsto desplazar a parte de la plantilla de la mina de Santa Cruz, en León, y a parte de la plantilla de Pilotuerto.
Si los mineros aceden a regresar al tajo, saben que lo harán sin cobrar sus nóminas y no se les abonarán hasta que la empresa no entre en concurso de acreedores.
Luis Manuel Fernández, miembro del comité de empresa de Cerredo (SOM), ha explicado a TPA Noticias que, además de comenzar sin cobrar, lo harían sin un calendario de pagos. “Estamos tratando con la empresa a ver si antes del concurso de acreedores nos puede pagar alguna nómina”, dijo Fernández.
Anuncios

Victorino Alonso niega que el carbón esté desaparecido

RTPA Asturias

El empresario Victorino Alonso ha hablado hoy por primera vez ante los periodistas tras la supuesta desaparición de medio millón de toneladas de carbón de HUNOSA de los almacenes que custodia.

El empresario asegura que el mineral no está desaparecido y que si las ayudas no se pagan no se debe a este problema.
Victorino Alonso declara que hay “disparidad en las mediciones” y reitera que hay un compromiso de suministro de carbón que cumplirán.
Victorino Alonso ha coincidido hoy en Madrid con la presidenta de HUNOSA, María Teresa Mallada, en los Premios de la Energía.
Por su parte, Mallada ha afirmado que la dirección de HUNOSA tiene controlada su empresa desde el primer momento y que mañana se aportarán todos los documentos necesarios para que la gente conozca como está la situación.

Hunosa demandará a dos empresas de Victorino Alonso por el carbón desaparecido

Javier Fernández- ELCOMERCIO.es

La compañía pública asegura que nunca dio permiso al empresario para mover el carbón de la reserva estratégica y cifra en más de 500.000 las toneladas desaparecidas

Tras reunirse con el consejo de administración de Hunosa, Teresa Mallada, presidenta de la empresa pública, compareció hoy ante los medios para ofrecer las primeras declaraciones oficiales acerca de polémica que envuelve las 500.000 toneladas de carbón del del Estado pertenecientes al Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC), que se encontraban en las instalaciones del grupo Alonso y que, según los ofrecidos por Hunosa, han desaparecido.

Mallada rebatió uno por uno todos los argumentos que en los últimos días ha esgrimido el holding minero en varios comunicados de prensa para justificar la ausencia de mineral. Aseguró que Uminsa y CMC, ambas propiedad del empresario leonés Victorino Alonso, son “las únicas empresas” que han reclamado que sus pilas se han visto afectadas por mermas superiores a las especificadas en el contrato -2%-. Argumentó, en la misma línea, que existen otras compañías que cuentan con mineral del AETC en zonas muy próximas a los almacenes de Alonso y que no se han escudado en las inclemencias meteorológicas para justificar unas pérdidas que, añadió, el resto de minas ni siquiera han comunicado.

Mallada destacó también que Hunosa nunca dio permiso para que el mineral del AETC, que fue creado en 2009, se mezclase con el de otros propietarios y tampoco para que se moviese, más allá del servicio a los clientes finales. Alegó que se paga un alquiler en función del volumen almacenado y que, por tanto, ese mineral debe permanecer estocado en los lugares que reflejan los acuerdos suscritos.

Los cálculos de la empresa pública cifran el desfase de carbón en algo más de 528.000.000 toneladas, cuyo valor rondaría los 46 millones de euros. Esta cantidad correspondería a seis contratos suscritos con el grupo Alonso. De momento, Hunosa solo ha iniciado trámites para reclamar los dos mayores acuerdos, con destino a la central térmica de Compostilla y en los que se habría detectado la ausencia de unas 327.000.000 toneladas, cuyo valor supera los 26 millones. La presidenta de la compañía pública resaltó que los pactos no recogen la posibilidad de que el holding minero -que niega la desaparición y asegura estar dispuesto a reponer a su costa las mermas- pueda hacer frente a esta cantidad con su patrimonio. Por lo tanto, y siguiendo los cauces que estipula el acuerdo, ha recurrido a “los mecanismos que tiene para recuperar ese déficit”. En primer lugar ha tratado de extraerlo de la facturación que Alonso tiene con las eléctricas, pero estas se han negado a dar luz verde a esta opción hasta que no existan sentencias en firme. Se ha dirigido entonces al Ministerio de Industria, a quien corresponde en estos momentos tomar una decisión, para que los 26 millones salgan de la parte de las ayudas a la minería que corresponden a Uminsa y CMC.

Para la reclamación del resto de toneladas, incluidas en los otros cuatro contratos, Hunosa esperará a que finalice una medición independiente, que se encuentra en curso, y que ofrecerá sus propios datos del desfase de mineral.

La hullera pública, además, ultima la presentación de una querella criminal contra el holding minero que podría incluir delitos como apropiación indebida y estafa.

Aragón pide ayuda al Estado para proteger una cueva del neolítico que ha sido expoliada

YOLANDA AZNAR / ABC

La Cueva de Chaves está dentro de una propiedad privada y sus dueños han acabado con restos arqueológicos muy valiosos, según denuncian varias asociaciones.

En la comarca oscense de la Hoya de Huesca, en el corazón de la Sierra de Guara, se encuentra la Cueva de Chaves, que alberga retos arqueológicos del neolítico únicos en Aragón. Es el segundo yacimiento de la época más importante de la península y uno de los más relevantes a nivel internacional. Sin embargo, gran parte de ese patrimonio ha sido expoliado en los últimos años. Ahora, desde Aragón piden la colaboración del Estado para depurar responsabilidades y, sobre todo, para proteger los pocos restos que todavía se conservan en su interior.

La Cueva de Chaves está dentro de la propiedad privada de la empresa Fimbas S. A.., que acumula numerosas denuncias por irregularidades medioambientales. La propiedad se conoce como finca de Bastarás y en su interior se realizan numerosas cacerías. El problema es que unas obras puestas en marcha en el interior de la propiedad han acabado por destruir gran parte de los importantes restos del neolítico.

La polémica por la destrucción del yacimiento neolítico hallado en la Cueva de Chaves ha sobrepasado el ámbito patrimonial y ecólogico y ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. Allí, Chunta Aragonesista ha presentado varias preguntas para que el Gobierno central se implique en su conservación.

Piden que se pongan en marcha medidas para proteger los restos que todavía se conservan y sobre todo le reclaman qe actúe de urgencia para expropiar este coto de caza por su alto valor patrimonial. Y es que al estar en una propiedad privada, los restos arqueológicos están más desprotegidos.

De momento, el tema está en los tribunales. La Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón impuso a la propietaria de la finca una sanción de 30.000 euros, el cierre del coto, la eliminación de toda la fauna alóctona y la retirada total del vallado perimetral. Esta orden fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Sin embargo, la empresa ha recurrido al Supremo. Así, la sentencia ha quedado en suspenso hasta que el Tribunal tome una decisión al respecto.

Mientras, en la finca se puede seguir cazando. Así lo denuncian desde Ecologistas en Acción. Aseguran que la empresa oferta 60 puestos de tiro para tres monterías que se van a realizan en Bastarás en la actual temporada de caza. Cada puesto de tiro está valorado en 3.500 euros. Es decir, pueden obtener unos beneficios de 210.000 euros.

Condena en firme a Victorino Alonso, el propietario de la finca de Bastaras en la que han destruído el yacimiento arqueológico neolítico de la Cueva de Chaves, a pagar 800.000 euros por la explotación de la mina a cielo abierto del Feixolín en Laciana-León.

radiobierzo.es

Es la decisión de la sección uno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ratifica una sentencia anterior emitida por el juzgado de lo Contencioso de León, que declaraba firme esa cifra en lugar de los 129 millones de euros que inicialmente solicitó el Gobierno municipal de Izquierda Unida por infracciones urbanísticas y ambientales cometidas por la MSP en ese cielo abierto.

Precisamente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida exige explicaciones al Gobierno municipal sobre el silencio que ha mantenido sobre esta sentencia. En el próximo pleno exigirán que esos 800.000 euros se ejecuten y se destinen al pago de las deudas del consistorio

Es más, en el pleno, Izquierda Unida reclamará al consistorio que se deshaga definitivamente de cualquier atadura con Victorino Alonso. En concreto, y dado que Coto Minero solo efectúa actualmente en el valle labores de restauración en Fonfría, la formación pedirá que le retiren todas las concesiones mineras para buscar a otros posibles empresarios interesados.

La sentencia  hace referencia a los doce años que ese cielo abierto operó sin licencias. En 2007, el equipo de Gobierno dirigido entonces por Guillermo Murias reclamó  129 millones por laborar sin las licencias, crear escombreras y todo ello sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental. Fue la mayor multa impuesta en España por un ayuntamiento a una empresa, aunque el juzgado de lo Contencioso la rebajó a esos 800.000 euros en los que ha quedado definitivamente establecida.

Ecologistas critica que se pueda seguir cazando en la finca de Bastarás

“Es algo inaudito, siguen haciendo lo que quieren”, denunció el colectivo

HUESCA.- Ecologistas en Acción lamentó ayer que legalmente puedan celebrarse las monterías en la finca de Bastarás que han sido ofertadas para hoy, el 1 de diciembre y el 23 de febrero por la empresa “Servicio de Caza Cabezas”. Según explicó ayer el miembro de este colectivo Chesús Ferrer, “la empresa ha recurrido al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que ha quedado en suspenso, y como el Gobierno de Aragón no pidió medidas cautelares, pueden seguir cazando”. La Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón impuso a la propietaria de la finca, la empresa Fimbas. S.A., una sanción de 30.000 euros, el cierre del coto, la eliminación de toda la fauna alóctona y la retirada total del vallado perimetral. Esta orden fue ratificada por la sentencia de la sala de lo contencioso del TSJA, desestimando el recurso de la empresa, que ha recurrido ahora al Supremo.

Diario del AltoAragón. 10-11-2012

Fimbas sigue explotando como coto Bastarás a 3.800 euros el puesto a pesar de haber perdido la licencia.

Radio Huesca

Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Fiscalía, al Gobierno de Aragón y al SEPRONA de la Guardia Civil, poniendo en conocimiento de estas entidades, que la empresa “Servicios de Caza Cabezas” está ofertando, según informa su web, 60 puestos de tiro para tres monterías a realizar en la Finca de Bastaras durante la presente temporada de caza (10 de noviembre, 1 de diciembre y 23 de febrero). El coto de Bastarás perdió la licencia de coto al introducir especies alóctonas, por lo que podríamos estar ante una acción constitutiva de delito, dice ecologistas en acción.

Uno de los responsables de la empresa “Servicios de Caza Cabezas” explicaba a Radio Huesca Digital que cada puesto cuesta 3.800 euros y se garantiza la caza de, al menos, tres piezas de gran calidad cinegética.

Chesus Ferrer, de Ecologistas en Acción, recuerda que por orden de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón, de fecha 23 de junio de 2009, se imponía a la propietaria de la finca, la empresa FIMBAS. S.A., una sanción de 30.000 €, el cierre del coto, la eliminación de toda la fauna alóctona del mismo y la retirada total del vallado perimetral de la finca en dos años. Esta orden fue ratificada por la sentencia 22/2012 de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, desestimando el recurso de la empresa de Victorino Alonso.

Ecologistas en Acción solicita que se tomen las medidas oportunas para impedir la realización de las monterías anunciadas, al entender que irían contra Derecho, al mismo tiempo que les pide que abran las oportunas diligencias para que se investigue si los hechos anunciados por “Servicios de Caza Cabezas” son constitutivos de delito.

Ecologistas explica que la actividad de Fimbas en Bastarás es del todo reprobable, más allá de la legalidad. Los animales que se cazan en el coto han sido criados como ganado y luego son soltados ante los cazadores sin tener ninguna posibilidad de huir.

Para Ecologistas en Acción sería muy grave, que la FIMBAS pudiera seguir gestionado el coto cinegético, tras haber sido cerrado y después de todos los desmanes que ha realizado contra el patrimonio natural y cultural, saltándose de nuevo la legislación y los procesos judiciales. No hay más que recordar la destrucción del yacimiento neolítico más importante de la Península Ibérica, situado en la cueva de Chaves.

Mucho más grave todavía sería que además siguiera obteniendo importantes beneficios económicos por ello. En este caso, si consideramos que cada puesto de tiro está valorado en 3.500 € estaríamos hablando de beneficios que superan los 210.000 €. El dinero acumulado en las cerca de 20 sanciones impuestas a FIMBAS en sus casi cuarenta años destruyendo el patrimonio del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara no llega a la quinta parte de esta cantidad. Para Ecologistas en Acción si la destrucción del patrimonio natural, paisajístico, cultural e histórico supone amplios beneficios para los responsables, está claro que algo funciona mal.