Rebajan a dos años la pena de prisión a Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves (arainfo.org)

ACHENCIAS / ARAINFO

La sentencia, que ya es firme, confirma que Alonso cometió un delito contra el patrimonio histórico cuando ordenó ejecutar las obras que destruyeron en octubre de 2007 el yacimiento Neolítico de la Cueva de Chaves -el más importante del Estado español-, ubicado en el municipio oscense de Casbas, dentro de una finca que la empresa Fimbas, SA -controlada por el empresario minero- explotaba como coto de caza. Asimismo, la sentencia mantiene la multa de 25.490.805 euros.

La Audiencia de Uesca ha reducido de dos años y medio de prisión a dos años la pena impuesta al empresario leonés Victorino Alonso por dilaciones judiciales indebidas, pero mantiene la multa de 25.490.805 euros por la destrucción de la Cueva de Chaves, un yacimiento arqueológico situado en la Sierra de Guara declarado Bien de interés Cultural (BIC) y reconocido por la Unesco como patrimonio mundial.

La sentencia, que ya es firme, confirma que Alonso cometió un delito contra el patrimonio histórico cuando ordenó ejecutar las obras que destruyeron en octubre de 2007 el yacimiento Neolítico de la Cueva de Chaves -el más importante del Estado español-, ubicado en el municipio oscense de Casbas, dentro de una finca que la empresa Fimbas, SA -controlada por el empresario minero- explotaba como coto de caza.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Uesca ya impuso en noviembre de 2016 la pena de dos años y seis meses de cárcel a Alonso, al considerarlo autor de un delito contra el patrimonio. De esta forma, la Audiencia notificaba este pasado lunes su sentencia ante el recurso de apelación presentado por la defensa del empresario leonés, que si bien reduce la pena de privación de libertad, confirma la indemnización de 25.490.805 euros en favor del Gobierno de Aragón por los daños.

La Audiencia de Uesca aprecia “varios intervalos de tiempo” en la instrucción del caso, que no pueden ser atribuidos a la complejidad de la investigación ni a la actitud del encausado. En concreto, el tribunal aprecia cuatro periodos de paralización y computa en siete años el tiempo transcurrido entre el comienzo de la instrucción y la celebración del juicio, motivos por los que estima la atenuante de dilaciones indebidas, que rebaja la pena impuesta a dos años, “habida cuenta de la especial gravedad de los daños, su trascendencia e irreversibilidad, así como la futilidad del motivo para intervenir en la cueva”.

Asimismo, la sala rechaza el resto de los argumentos que esgrime la defensa en su recurso, entre estos “la prescripción del delito, la vulneración de la presunción de inocencia del acusado, la falta de protección del yacimiento arqueológico y el cálculo de la indemnización”.

La Audiencia oscense razona que la investigación judicial de los hechos supuso “una inequívoca voluntad de no renunciar a la persecución del delito y su castigo”, acto que interrumpió la prescripción. Además, recuerda a los representantes legales de Alonso que si éste fue absuelto en el mismo proceso de un delito contra el medio ambiente que se le imputaba por las actuaciones en la cueva fue porque no quedó acreditada su comisión, pero no por haber prescrito, como señalaba el recurso.

Por otra parte, destaca que los testimonios que señalan al empresario como administrador de hecho de la sociedad que explotaba el coto de caza constituyen “prueba de cargo suficiente con la que destruir la presunción de inocencia” del reo.

El abogado defensor, aunque la sentencia es firme y no admite recurso, ya ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional español.

Antecedentes

El proceso se inició en junio de 2009 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía al tener conocimiento de que en el yacimiento arqueológico de la finca denominada “Bastarás”, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y uno de los más importantes asentamientos neolíticos de la Península Ibérica por sus hallazgos y sus pinturas rupestres, el empresario Victorino Alonso García ordenó la realización de obras en el interior de la Cueva de Chaves consistentes en el vaciado de sus losas y sedimentos, con el fin de nivelar el suelo de la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, así como de utilizar el material extraído para la construcción de un dique de contención de aguas cercano a la cueva.

Las losas y sedimentos arqueológicos fueron retirados con una retroexcavadora de gran tonelaje y sin la presencia de ningún arqueólogo. El magistrado consideró entonces acreditados los daños consistentes en el arrasamiento y destrucción de la práctica totalidad de los niveles arqueológicos de cronología neolítica que se encontraban en la Cueva de Chaves.

En su sentencia, el juez consideró también acreditado que Fimbas SA era conocedora de la existencia del yacimiento arqueológico, de su protección y de la necesidad de solicitar autorización a la DGA para realizar cualquier tipo de intervención en la cueva y que Victorino Alonso, “no sólo era conocedor de la existencia del yacimiento dentro de la Cueva de Chaves, sino también de su valor arqueológico y por consiguiente también de su protección”.

Pese a ser conocedor del valor arqueológico del yacimiento, el empresario leonés “tomó la decisión de vaciar la Cueva de Chaves con el fin de utilizarla para el interés de la empresa y la explotación del coto de caza”. Entendió entonces el juzgado que la extracción de sedimentos y la nivelación del suelo “obedeció a un plan preconcebido y no como consecuencia de una acción involuntaria de arrastrar la tierra al sacar las losas”, tal y como argumentaba en aquel momento la defensa.

Anuncios

Ofrecen una finca de caza de 12 millones como indemnización por la destrucción de la cueva de Chaves (heraldo.es)

María José Villanueva / Huesca
Fuente: heraldo.es

Fimbas S. A., responsable civil subsidiaria, propone su finca de Bastarás como dación en pago ante la insolvencia del empresario Victorino Alonso. Dice que es su único activo pero no cubre ni la mitad de la indemnización a la que fue condenada.

Fimbas SA, responsable civil subsidiaria de los daños causados en el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, en el municipio de Casbas de Huesca, ha ofrecido al juzgado la finca de Bastarás como dación en pago para afrontar la indemnización de 25 millones de euros a la que fue condenada. La sociedad mercantil es propietaria de ese coto de caza, de unas 2.000 hectáreas, donde está la cueva y hay otros abrigos rupestres.

Fimbas ha remitido un escrito al Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, encargado de ejecutar la sentencia que condenó al empresario minero leonés Victorino Alonso por un delito contra el patrimonio histórico a dos años de prisión y al pago de la citada indemnización, de la que debe responder subsidiariamente la sociedad Fimbas. La relación entre ambos quedó clara en la sentencia: el empresario era administrador único de Maderas Bodelón, sociedad que a su vez tenía la mayoría de las acciones de Fimbas.

Nace la primera asociación de jóvenes cazadores aragoneses
Leer más

En el escrito, el representante legal de esta sociedad indica que está obligada al pago de la indemnización, “una vez confirmada la imposibilidad total o parcial de que el condenado en primer grado haga frente a la misma”. Se refiere a la “insolvencia parcial” de Alonso, al que solo se le ha podido embargar la parte legal de la pensión (17.538 euros durante los tres últimos años). Él dio la orden de meter una excavadora en la cueva de Chaves, donde había un yacimiento neolítico, para vaciarla de losas y sedimentos, con el fin de nivelar el suelo y poner comederos y abrevaderos para las cabras.

De esta forma, Fimbas informa al juez de su disposición a satisfacer la responsabilidad civil, “en la medida de su capacidad económica”, teniendo en cuenta la trascendencia que esto pueda tener de cara a la suspensión de la pena al condenado, es decir, para evitar su ingreso en prisión. Asegura que la finca es el único activo de la sociedad. También aclara que para hacer efectiva la dación en pago es necesario el consentimiento expreso del acreedor. El Gobierno de Aragón es el beneficiario de la indemnización por el delito contra el patrimonio.

Los terrenos de Bastarás, en Casbas de Huesca, están valorada en 12.665.639 euros, lo que solo cubriría el 49% de la indemnización, según una tasación de la propia mercantil, aportada en su día al juzgado, cuando se le requirieron los bienes susceptibles de ser embargados por las responsabilidades civiles del caso, en junio de 2016. En la relación de propiedades que dio figuran 80 subdivisiones. Una de ellas tiene 1.574 hectáreas y el resto van desde 3 hectáreas a 0,03. En total, 1.932 ha.

La abogada de la asociación de defensa del patrimonio (Apudepa), Pilar Villellas, que ejerció la acusación particular, cree que sería necesario hacer una valoración real de esta propiedad y sobre todo ha pedido al juzgado la protección de los tres abrigos rupestres situados enfrente de la cueva de Chaves.

La finca de Bastarás, situada en el Parque Natural de la Sierra de Guara, incluye el antiguo pueblo de Bastarás, actualmente recuperado. Ha sido coto de caza, pero se anuló por introducir ilegalmente una especie de cabra africana.

Fianza de 66 millones a Victorino Alonso por la destrucción de la cueva de Chaves

Fuente: elperiodicodearagon.com

EFE 26/02/2015

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha abierto juicio oral contra el empresario leonés del Carbón Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves y le impone una fianza de 66,2 millones de euros para asegurar las posibles responsabilidades.

En su auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Efe, el instructor posibilita a las acusaciones responsabilizar a Alonso de un delito contra el patrimonio y reclamar una indemnización máxima en concepto de responsabilidad civil por los daños causados de 50,9 millones de euros.

El juez también aprecia la petición de Ecologistas en Acción y abre la posibilidad de imputar al empresario un presunto delito contra el medio ambiente, una petición que había rechazado previamente.

Asimismo, incluye en el auto la incorporación de la sociedad Fimbas, que gestionaba el coto de caza vallado donde se ubica el yacimiento, y de las empresa Ferpi, la encargada de hacer las obras que provocaron su destrucción, como responsables civiles subsidiarios.

El auto, contra el que sólo cabe recurso en lo referido a la situación personal del acusado, recoge los contenidos de las distintas acusaciones a la hora de establecer las condiciones de desarrollo del juicio oral.

La fiscalía solicita para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión como presunto responsable de un delito contra un yacimiento arqueológico y reclama una indemnización de 14,3 millones, de acuerdo con el contenido de uno de los informes periciales aportados por el Gobierno aragonés a la causa.

Apudepa (Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés) reclama a su vez para el empresario 3 años de prisión, multa de 288.000 euros y el pago de una indemnización de 50,9 millones de euros como presunto responsable de la destrucción de la cueva de Chaves.

La petición de indemnización, la misma que plantean Ecologistas en Acción y el Gobierno aragonés, consta en el primer informe que realizó el fallecido director del Museo de Huesca Vicente Baldellou de valoración de los daños causados.

Ecologistas en Acción solicitan a su vez dos condenas de tres años de prisión para Alonso como presunto responsables de un delito contra el patrimonio y de otro contra el medio ambiente.

La representación legal del Gobierno aragonés se postula únicamente como “actor civil” y reclama el pago de la indemnización de 50,9 millones referida, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.

Todas las acusaciones reclaman la condena de las sociedades Fimbas y Ferpi como responsables civiles subsidiarias en el pago de las posibles indemnizaciones acordadas durante la vista oral.

Los daños se derivan de las obras y movimientos de tierra realizados en 2007 en el entorno de la Cueva de Chaves para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto, ubicado en el Parque Natural de Guara y vallado en su perímetro.

Estas obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida “irremediable” de los posibles niveles arqueológicos existente y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.

Todas las acusaciones señalan que el yacimiento es un bien protegido incluido en la Carta Arqueológica de Aragón, y uno de los más importantes de Europa.

“Un único imputado por destruir la cueva prehistórica de Chaves”

El Periódico de Aragón

La instrucción del caso judicial abierto por la destrucción del yacimiento prehistórico existente en la cueva de Chaves, en el término de Casbas de Huesca, ha llegado a su fin.

Sin embargo, tras un largo periodo de investigación, el juez encargado del asunto solo ha imputado a una persona, Vitorino Alonso, administrador de la empresa Fimbas.

Según el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital oscense, Alonso es responsable, presuntamente, de un delito patrimonial, que lleva aparejadas penas que oscilan entre uno y tres años de prisión.

Los hechos se remontan al año 2007 y ocurrieron durante unos trabajos llevados a cabo para la construcción de unas pistas dentro del denominado coto de Bastarás. En el curso de la obra fue preciso realizar grandes movimientos de tierras que provocaron el desprendimiento de parte de la techumbre de la cueva prehistórica, que albergaba pinturas del Neolítico valoradas en más de 14 millones de euros. Como consecuencia de ese accidente, los restos pictóricos, de gran valor cultural e histórico, resultaron totalmente destruidos.

Durante la instrucción, el administrador trató desmarcarse de la acusación que pendía sobre él alegando que desconocía la existencia de las pinturas y que solo conocía el coto de Bastarás porque solía ir allí a cazar.

En la resolución judicial, el juez levanta la imputación sobre otros tres responsables de Fimbas y una segunda empresa, por considerar que se trata de meros hombres de paja o pantallas para ocultar la auténtica responsabilidad por el grave suceso.

“Un testigo atribuye la decisión de actuar en la Cueva de Chaves a Victorino Alonso” (Diario del AltoAragón)

Diario del AltoAragón

LA HOYA. DESTRUCCIÓN DEL YACIMIENTO NEOLÍTICO

Un testigo atribuye la decisión de actuar en la Cueva de Chaves a Alonso. Un ex trabajador de Fimbas declaró ayer en el juzgado.

D.A. HUESCA.- Un antiguo trabajador de Fimbas, la empresa que gestionaba el coto de caza de Bastarás (en el municipio de Casbas de Huesca), declaró ayer que Victorino Alonso, el empresario imputado en la causa abierta por la destrucción de la Cueva de Chaves -importante yacimiento neolítico situado en el citado coto- era “el único jefe y patrón de todos los negocios en la finca”.
Así lo aseguró ayer Apudepa (Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) en una nota de prensa, en la que explicó que el ex trabajador declaró ayer como testigo en el Juzgado número 3 de Huesca. Apudepa, que desde que en la primavera del 2007 se supo de la destrucción de la Cueva de Chaves ha recabado información al respecto y ha ejercido la acusación particular en cuantas testificales han tenido lugar en el juzgado, aseguró que el ex trabajador de Fimbas, acompañado de documentación, dejó claro que el imputado Victorino Alonso, empresario vinculado al carbón y a otras muchas actividades en España, era quien daba “todas las órdenes”. Añadió que, según la declaración, “su presencia en el coto era mucho más frecuente de lo que hasta ahora sabíamos por cuanto sus estancias eran cuando menos mensuales y se prolongaban varios días, supervisando el coto y las numerosísimas obras medioambientales que se fueron haciendo, sin los permisos oportunos, en la primera década del siglo XXI”.
Por la declaración -prosiguió Apudepa- quedó patente que Alonso, también como dueño de la empresa Ferpi, “ordenaba el
traslado de la maquinaria pesada, utilizada en el aeropuerto de Monflorite, al coto de Bastarás y que fue él directamente quién dio la orden de actuar masivamente en la gran Cueva de Chaves, suponiendo el trabajo ordenado la destrucción absoluta del gran yacimiento del neolítico ibérico, el segundo de mayor importancia en España”, apuntó la asociación en la nota.
Según la declaración de ayer, prosiguió Apudepa, la intervención en la cueva no se hizo en un solo día ni por una sola persona
sino que intervinieron al menos cuatro o cinco profesionales y “potentísimas” máquinas. “La orden que dio Alonso al palista
fue que los materiales removidos, todos con restos arqueológicos del neolítico, fueran a parar a un barranco para actuar de dique”, señaló la asociación en la nota.
Por todo ello, Apudepa considera que gracias a la declaración de ayer se está, “por fin, más cerca de la verdad y eso es una buena noticia para Aragón y toda España”, a la par que se felicita de que gracias al procedimiento judicial “vaya surgiendo
la verdad en relación con un caso tan importante relativo al patrimonio cultural aragonés”.

===

Heraldo.es

Un trabajador dice que Victorino Alonso ordenó destruir la cueva de Chaves

Un antiguo trabajador de una empresa dirigida por el imputado por la destrucción de la cueva de Chaves le acusa de dar la orden de destruirla.

Este martes ha tenido lugar la declaracion de uno de los imputados en el juicio por el expolio de la cueva de Chaves en Huesca en el juzgado nº 3 de la capital oscense.

Además del empresario Victorino Alonso y del trabajador que ha comparecido como testigo, en la causa están imputadas otras dos personas vinculadas laboralmente con el empresario.

_chaves_8a8e1b38

Cueva de Chaves Foto: Heraldo.es

Según indica, Apudepa en un comunicado, la declaración de Alejandro Millet, ha reconfirmado al empresario Victorino Alonso como el responsable del expolio que se conoció en 2009.

Alejandro Millet, antiguo trabajador de a empresa Fimbas, dirigida por Victorino Alonso ha dejado claro, en su declaración, según indica Apudepa, que el imputado  “era el único jefe y patrón de todos los negocios en la finca del coto de Bastaras en Huesca”.

“Todas las órdenes las daba él y su presencia en el coto era frecuente”, según indican en el comunicado y que, añade: “supervisaba el coto y las obras medioambientales que se fueron haciendo”.

En la declaración, ha explicado que Alonso, “también como dueño de la empresa Ferpi, el imputado, ordenaba el traslado de la maquinaria pesada, utilizada en el aeropuerto de Monflorite, al coto de Bastaras” y ha añadido “que fue el directamente quién dio la orden actuar de masivamente en la gran Cueva de Chaves”.

La cueva era un yacimiento del neolítico ibérico, el segundo de mayor importancia en España.

En la declaración de este martes, según el comunicado de Apudepa, se ha conocido que la intervención en la cueva no se hizo en un solo día ni por una sola persona sino que intervinieron al menos cuatro o cinco profesionales y máquinas.

“La orden que dio Alonso al palista fue que los materiales removidos, todos con restos arqueológicos del neolítico, fueran a parar a un barranco para actuar de dique”, ha explicado el testigo, según Apudepa.

La destrucción de la Cueva de Chaves fue denunciada en este año por la fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés, que presentó toda la documentación referida a los daños causados al yacimiento, en el que trabajaba desde años atrás el exdirector del Museo de Huesca Vicente Baldellou.

===

“Testigo achaca al empresario Victorino Alonso la destrucción de Cueva Chaves. ABC.es

Acciones y actividades en curso

  • Excursión por el camino público que unía Huesca – Boltaña por el interior del vallado cinegético y visita a las cuevas. 29 de noviembre.
  • Recogida de firmas de solicitud al Gobierno de Aragón (expropiación cueva de Chaves, recuperación espacios… ).  Descárgate la hoja.
  • Próximas Proyecciones del documental “Chaves, la memoria expoliada”

Zaragoza – Domingo 6 de diciembre a las 19:30 horas en el Salon de Actos de Centro de Historia, avenida Juan Carlos I.

Dentro del Festival de Cine de Zaragoza.

Benasque, 28 de diciembre a las 20 horas, Casa de la Cultura de  Organiza Asociación Cultural l’Aigüeta de la Ball

Esterri
. 30 de enero a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu a Esterri a les 19 hs. Organizador: Ecomuseu i Consell Comarcal Pallars Sobirà.

También el documental se ha proyectado en Huesca (Matadero, DPH, Instituto Ramón y Cajal, La ECA)  , Labata,  Calatayud, Barbastro, Sieso de Huesca, Ibieca, Aguas, Loporzano, Zaragoza y Estella (Navarra) en fechas anteriores.

Se puede solicitar el dvd y así colaborar con la financiación y difusión del documental “Chaves, la memoria expoliada”. Algunos espacios en los que puedes conseguirlo son:

tenderete@ecologistasenaccion.org
https://www.ecologistasenaccion.org/tienda/

Huesca:
Sedes de Ecologistas en acción
huesca@ecologistasenaccion.org

Precio:10 euros

Disponible  para su difusión y proyección en cualquier espacio y ocasión. Para contar con la presencia de las personas que han realizado este documental no dudeis en poneros en contacto:
huesca@ecologistasenaccion.org
info@imanatfilms.com

La fiscalía ve indicios de delito en los destrozos en el yacimiento de Chaves

Heraldo de Aragon. ANA IPAS. Huesca

Los dueños de la finca de Bastarás podrían enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión por haber convertido la cueva neolítica en un abrevadero para animales.

Hasta tres años de prisión. Esa es la pena a la que podrían enfrentarse los autores de los destrozos en la cueva de Chaves, el yacimiento neolítico situado dentro del coto de caza de Bastarás (Casbas de Huesca) que ha sido demolido para convertirlo en un abrevadero para animales. La fiscalía oscense, que abrió diligencias tras la notificación de lo ocurrido por parte de Patrimonio, ve indicios de delito en la destrucción de esta excavación arqueológica que, junto a la de Or, es la más destacada en España.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huesca, Felipe Zazurca, confirmó ayer estos datos. “Es notorio que ha habido un gran destrozo”, informó Zazurca, quien añadió que en breve se presentará la denuncia al juzgado por un presunto delito sobre el patrimonio histórico, concretamente, por vulnerar los artículos del 321 al 324 del Código Penal. En ellos, se estipula que podrán ser castigados con penas de prisión de hasta tres años y multa veinticuatro meses a quien cause daños en yacimientos arqueológicos.

En las diligencias previas, además de la visita a la zona, inspección que realizó una fiscal a mediados del pasado mes de mayo acompañada de dos técnicos de Patrimonio de la Diputación General de Aragón. También se ha solicitado a la Guardia Civil un informe sobre el rebaje del suelo de la gruta, que en algunos puntos es de hasta tres metros y que descubrió a principios de marzo Vicente Baldellou, director del Museo de Huesca y responsable, junto a Pilar Utrilla, de las excavaciones arqueológicas que se llevaban a cabo en esta gruta del despoblado de Bastarás.

¿Quién es el dueño?

Pero quién es el verdadero dueño del coto sigue siendo un misterio. El nombre de Victorino Alonso, un empresario leonés vinculado a la minería, es el que más suena en Casbas cuando se habla de los propietarios de la finca, que ha pasado por diferentes manos desde 1978. Documentalmente, siempre se ha mantenido a nombre de FIMBAS, S. A (previsiblemente para no perder la autorización como coto de caza), aunque los dueños de la empresa han variado bastante en los últimos treinta años.

Entre otros, Codorníu y una multinacional francesa han constado como propietarios, aunque desde mediados de 2005, el administrador único es Antonio Francisco de la Fuente Vidales. Pese a que su nombre puede resultar desconocido, ha sido directivo, administrador y apoderado de varias compañías del grupo de Alonso, el nombre al que apuntan ecologistas y otras organizaciones cuando se habla del coto de caza de Bastará, situado en el municipio de Casbas de Huesca.

De la Fuente Vidales es también el administrador único de Flogemar, S. L., sociedad propietaria del coto Rivera Baja en Zarza la Mayor (Cáceres), que fue denunciado en 2006 por importar ilegalmente antílopes indios.

El coto de Bastarás tampoco se ha librado de estas tropelías ya que en él se han introducido una cabra de origen africano, el arrui. Esta acción ilegal, que supone una infracción muy grave, según el artículo 57 de la Ley de Caza de Aragón, la 5/2002, podría suponer el cierre del coto ya que el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón así lo propone en el expediente sancionador que tramita contra la propiedad por introducir esta especie alóctona.