“Confirman la fianza de 66 millones a Alonso por destruir la cueva Chaves” (leonoticias)

leonoticias.com

La Fiscalía solicita una condena de 2 años y 8 meses de prisión y le reclama una indemnización de 14,3 millones

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha confirmado la fianza de 66 millones de euros contra el empresario leonés del carbón Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves para asegurar las posibles responsabilidades.

En su auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Efe, el instructor posibilita a las acusaciones responsabilizar a Alonso de un delito contra el patrimonio y reclamar una indemnización máxima en concepto de responsabilidad civil por los daños causados de 50,9 millones de euros.

La fiscalía solicita para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión como presunto responsable de un delito contra un yacimiento arqueológico y reclama una indemnización de 14,3 millones.

En la causa están personadas las organizaciones Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), que pide 3 años de prisión y el pago de una indemnización de 50,9 millones de euros, y Ecologistas en Acción, que reclama dos condenas de tres años de prisión.

La representación legal del Gobierno aragonés se postula únicamente como “actor civil” y reclama el pago de la indemnización de 50,9 millones referida, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.

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Acusaciones

Todas las acusaciones reclaman la condena de las sociedades Fimbas, que gestionaban el coto de caza vallado donde se ubica el yacimiento, y Ferpi, la encargada de hacer las obras que provocaron la destrucción como responsables civiles subsidiarias.

Los daños se produjeron en 2007 en el entorno de la cueva durante la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza en el coto, ubicado en el Parque Natural de Guara.

Las obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida “irremediable” de los posibles niveles arqueológicos existente y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.

Todas las acusaciones señalan que el yacimiento es un bien protegido incluido en la Carta Arqueológica de Aragón, y uno de los más importantes de Europa.

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Fianza de 66 millones a Victorino Alonso por la destrucción de la cueva de Chaves

Fuente: elperiodicodearagon.com

EFE 26/02/2015

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha abierto juicio oral contra el empresario leonés del Carbón Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves y le impone una fianza de 66,2 millones de euros para asegurar las posibles responsabilidades.

En su auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Efe, el instructor posibilita a las acusaciones responsabilizar a Alonso de un delito contra el patrimonio y reclamar una indemnización máxima en concepto de responsabilidad civil por los daños causados de 50,9 millones de euros.

El juez también aprecia la petición de Ecologistas en Acción y abre la posibilidad de imputar al empresario un presunto delito contra el medio ambiente, una petición que había rechazado previamente.

Asimismo, incluye en el auto la incorporación de la sociedad Fimbas, que gestionaba el coto de caza vallado donde se ubica el yacimiento, y de las empresa Ferpi, la encargada de hacer las obras que provocaron su destrucción, como responsables civiles subsidiarios.

El auto, contra el que sólo cabe recurso en lo referido a la situación personal del acusado, recoge los contenidos de las distintas acusaciones a la hora de establecer las condiciones de desarrollo del juicio oral.

La fiscalía solicita para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión como presunto responsable de un delito contra un yacimiento arqueológico y reclama una indemnización de 14,3 millones, de acuerdo con el contenido de uno de los informes periciales aportados por el Gobierno aragonés a la causa.

Apudepa (Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés) reclama a su vez para el empresario 3 años de prisión, multa de 288.000 euros y el pago de una indemnización de 50,9 millones de euros como presunto responsable de la destrucción de la cueva de Chaves.

La petición de indemnización, la misma que plantean Ecologistas en Acción y el Gobierno aragonés, consta en el primer informe que realizó el fallecido director del Museo de Huesca Vicente Baldellou de valoración de los daños causados.

Ecologistas en Acción solicitan a su vez dos condenas de tres años de prisión para Alonso como presunto responsables de un delito contra el patrimonio y de otro contra el medio ambiente.

La representación legal del Gobierno aragonés se postula únicamente como “actor civil” y reclama el pago de la indemnización de 50,9 millones referida, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.

Todas las acusaciones reclaman la condena de las sociedades Fimbas y Ferpi como responsables civiles subsidiarias en el pago de las posibles indemnizaciones acordadas durante la vista oral.

Los daños se derivan de las obras y movimientos de tierra realizados en 2007 en el entorno de la Cueva de Chaves para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto, ubicado en el Parque Natural de Guara y vallado en su perímetro.

Estas obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida “irremediable” de los posibles niveles arqueológicos existente y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.

Todas las acusaciones señalan que el yacimiento es un bien protegido incluido en la Carta Arqueológica de Aragón, y uno de los más importantes de Europa.

“Las acusaciones piden elevar hasta 50 millones la indemnización por asolar la cueva de Chaves”

El auto del juez que imputa a Victorino Alonso un delito contra el patrimonio valoró los daños en 14,3 millones.

HUESCA

Las acusaciones particulares del caso de la destrucción de la cueva de Chaves estiman que la valoración del daño causado en este yacimiento neolítico es muy superior a los 14,3 millones de euros que considera el juez en el auto que dictó el pasado octubre, en el que imputa a Victorino Alonso un delito contra el patrimonio histórico, y que podría alcanzar los 50 millones de euros.

Gobierno de Aragón, Ecologistas en Acción y Apudepa, que han recurrido el auto, piden además que se extienda la responsabilidad a los administradores de las sociedades Fimbas (propietaria del coto de Bastarás, donde se encuentra la cueva) y Ferpi (empresa que acometió las obras que destruyeron
el yacimiento en 2007), a los que el juez considera en su resolución «meros testaferros». Las acusaciones reclaman además que se valore también la imputación por delito medioambiental (castigado en código penal con penas que van de dos a cinco años de cárcel) y no solo contra el patrimonio
histórico (de uno a tres años de prisión).

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca hace constar en su auto del pasado 13 de octubre que el valor calculado de la afección «irreversible» que causó la extracción de sedimentos arqueológicos a este «yacimiento de referencia nacional» asciende a 14.311.640,83 euros, una
cifra próxima a la que estima un informe pericial aportado al caso.

Apudepa, sin embargo, esgrime en su recurso otro informe, el que presentó el arqueólogo Vicente Baldellou –recientemente fallecido y que trabajó durante años en las excavaciones de la cueva de Chaves– que valoraba los daños en unos 50 millones de euros, y por ello la abogada de la asociación,
Pilar Villellas, fija en esa cantidad la responsabilidad civil.

También la letrada del Gobierno de Aragón, Isabel Gonzalvo, considera que la cuantía del daño es mayor que la que consta en el auto, no solo en lo que se refiere al delito contra el patrimonio histórico, sino por la
posibilidad de que además existiera un delito medioambiental, lo que aumentaría la afección.

Esta misma semana la representante de los intereses del Gobierno de Aragón mantendrá una reunión en el departamento de Cultura para acordar la cantidad que reclamará la DGA como perjudicada. En todo caso, aunque al Gobierno de Aragón le interesa que la cifra aparezca en el auto de cierre de la instrucción, podrá solicitar el importe que considere oportuno más adelante en el escrito de calificaciones.

Las acusaciones también están preocupadas por cómo asegurar el cobro de la indemnización, dado el entramado societario que rodea al hasta ahora único imputado. La abogada de Apudepa y el de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, piden la ampliación de la imputación a los administradores ‘formales’ de las empresas Fimbas y Ferpi –aunque el juez considera el administrador de
hecho de ambas a Victorino Alonso– y a las propias sociedades.

A su vez, solicitan que, de no ser imputados penalmente, como mínimo se les considere responsable civiles directos, algo que también reclama el Gobierno de Aragón en su recurso.

La DGA quiere que «se tomen las medidas oportunas para asegurar esa responsabilidad, porque estamos hablando de mucho dinero, y se tendrá que abrir una pieza separada para las responsabilidades civiles; si el juicio se alarga se corre el riesgo de que el único imputado no tenga nada a su
nombre», aprecia la letrada Isabel Gonzalvo.

Por su parte, los abogados de Victorino Alonso también han recurrido la resolución solicitando la desimputación de su defendido y el archivo de la causa.

Es el mismo juez instructor quien debe decidir ahora sobre los recursos de reforma presentados por las partes y subsidiariamente, si no estima lo solicitado, pasarán directamente a la Audiencia Provincial para que resuelva. Posteriormente, las partes tendrán que presentar sus escritos de acusación y defensa, así como la Fiscalía, de cara a la celebración del juicio oral.

“Un testigo atribuye la decisión de actuar en la Cueva de Chaves a Victorino Alonso” (Diario del AltoAragón)

Diario del AltoAragón

LA HOYA. DESTRUCCIÓN DEL YACIMIENTO NEOLÍTICO

Un testigo atribuye la decisión de actuar en la Cueva de Chaves a Alonso. Un ex trabajador de Fimbas declaró ayer en el juzgado.

D.A. HUESCA.- Un antiguo trabajador de Fimbas, la empresa que gestionaba el coto de caza de Bastarás (en el municipio de Casbas de Huesca), declaró ayer que Victorino Alonso, el empresario imputado en la causa abierta por la destrucción de la Cueva de Chaves -importante yacimiento neolítico situado en el citado coto- era “el único jefe y patrón de todos los negocios en la finca”.
Así lo aseguró ayer Apudepa (Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) en una nota de prensa, en la que explicó que el ex trabajador declaró ayer como testigo en el Juzgado número 3 de Huesca. Apudepa, que desde que en la primavera del 2007 se supo de la destrucción de la Cueva de Chaves ha recabado información al respecto y ha ejercido la acusación particular en cuantas testificales han tenido lugar en el juzgado, aseguró que el ex trabajador de Fimbas, acompañado de documentación, dejó claro que el imputado Victorino Alonso, empresario vinculado al carbón y a otras muchas actividades en España, era quien daba “todas las órdenes”. Añadió que, según la declaración, “su presencia en el coto era mucho más frecuente de lo que hasta ahora sabíamos por cuanto sus estancias eran cuando menos mensuales y se prolongaban varios días, supervisando el coto y las numerosísimas obras medioambientales que se fueron haciendo, sin los permisos oportunos, en la primera década del siglo XXI”.
Por la declaración -prosiguió Apudepa- quedó patente que Alonso, también como dueño de la empresa Ferpi, “ordenaba el
traslado de la maquinaria pesada, utilizada en el aeropuerto de Monflorite, al coto de Bastarás y que fue él directamente quién dio la orden de actuar masivamente en la gran Cueva de Chaves, suponiendo el trabajo ordenado la destrucción absoluta del gran yacimiento del neolítico ibérico, el segundo de mayor importancia en España”, apuntó la asociación en la nota.
Según la declaración de ayer, prosiguió Apudepa, la intervención en la cueva no se hizo en un solo día ni por una sola persona
sino que intervinieron al menos cuatro o cinco profesionales y “potentísimas” máquinas. “La orden que dio Alonso al palista
fue que los materiales removidos, todos con restos arqueológicos del neolítico, fueran a parar a un barranco para actuar de dique”, señaló la asociación en la nota.
Por todo ello, Apudepa considera que gracias a la declaración de ayer se está, “por fin, más cerca de la verdad y eso es una buena noticia para Aragón y toda España”, a la par que se felicita de que gracias al procedimiento judicial “vaya surgiendo
la verdad en relación con un caso tan importante relativo al patrimonio cultural aragonés”.

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Heraldo.es

Un trabajador dice que Victorino Alonso ordenó destruir la cueva de Chaves

Un antiguo trabajador de una empresa dirigida por el imputado por la destrucción de la cueva de Chaves le acusa de dar la orden de destruirla.

Este martes ha tenido lugar la declaracion de uno de los imputados en el juicio por el expolio de la cueva de Chaves en Huesca en el juzgado nº 3 de la capital oscense.

Además del empresario Victorino Alonso y del trabajador que ha comparecido como testigo, en la causa están imputadas otras dos personas vinculadas laboralmente con el empresario.

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Cueva de Chaves Foto: Heraldo.es

Según indica, Apudepa en un comunicado, la declaración de Alejandro Millet, ha reconfirmado al empresario Victorino Alonso como el responsable del expolio que se conoció en 2009.

Alejandro Millet, antiguo trabajador de a empresa Fimbas, dirigida por Victorino Alonso ha dejado claro, en su declaración, según indica Apudepa, que el imputado  “era el único jefe y patrón de todos los negocios en la finca del coto de Bastaras en Huesca”.

“Todas las órdenes las daba él y su presencia en el coto era frecuente”, según indican en el comunicado y que, añade: “supervisaba el coto y las obras medioambientales que se fueron haciendo”.

En la declaración, ha explicado que Alonso, “también como dueño de la empresa Ferpi, el imputado, ordenaba el traslado de la maquinaria pesada, utilizada en el aeropuerto de Monflorite, al coto de Bastaras” y ha añadido “que fue el directamente quién dio la orden actuar de masivamente en la gran Cueva de Chaves”.

La cueva era un yacimiento del neolítico ibérico, el segundo de mayor importancia en España.

En la declaración de este martes, según el comunicado de Apudepa, se ha conocido que la intervención en la cueva no se hizo en un solo día ni por una sola persona sino que intervinieron al menos cuatro o cinco profesionales y máquinas.

“La orden que dio Alonso al palista fue que los materiales removidos, todos con restos arqueológicos del neolítico, fueran a parar a un barranco para actuar de dique”, ha explicado el testigo, según Apudepa.

La destrucción de la Cueva de Chaves fue denunciada en este año por la fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés, que presentó toda la documentación referida a los daños causados al yacimiento, en el que trabajaba desde años atrás el exdirector del Museo de Huesca Vicente Baldellou.

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“Testigo achaca al empresario Victorino Alonso la destrucción de Cueva Chaves. ABC.es

Victorino Alonso, recibido con huevos e insultos en los juzgados de Cangas del Narcea

RTPA

El empresario Victorino Alonso ha comparecido hoy durante tres horas ante el juez de Cangas del Narcea por la supuesta desaparición de 577.000 toneladas de carbón propiedad de Hunosa.
A las puertas de ese juzgado de Cangas se concentraron muchas personas indignadas, desde trabajadores, mujeres del carbón hasta vecinos de Degaña, Ibias y Cangas que recibieron y despidieron al empresario leonés con gritos, insultos y huevos. Precisamente, se había desplegado un amplio dispositivo de seguridad cercando el juzgado con vallas.
Victorino Alonso ha insistido en su defensa frente a HUNOSA y ha negado que el carbón que la hullera pública le reclama haya desaparecido. “Ha contestado a las preguntas que le han hecho que creo que están en línea con el segundo informe de la perito que declaró la semana pasada y que confirma que el carbón de la ETC está donde está, es decir, en las instalaciones de Unión Minera del Norte y Coto Minero Cantábrico, que ha estado alli siempre y que en ningún momento han faltado toneladas pese a lo qe HUNOSA pretende”, señaló el abogado del Grupo Alonso, César Garnelo, a la salida de los juzgados.
El Grupo Alonso insiste en que, si en el primer informe redactado por la perito faltaban algo más de 500.000 toneladas de carbón, fue porque HUNOSA, no quiso contar todas las pilas que debía. Si se demuestra su inocencia, explica el abogado de la defensa, Alonso no descarta demandar a HUNOSA por calumnias.
“Si uno presenta una acusación formal, como es una querella, imputando a alguien la comisión de un delito de estafa, otro de apropiación indebida y otro de falsedad documental tendrá que suponer que, si no lo puede probar, la otra parte de puede acusar de calumnia ya que, efectivamente, está haciendo una acusación que es falsa”, dijo Garnelo.
La declaración de Alonso cierra la lista de comparecencias requeridas por HUNOSA y ahora, será el juez quien decida si solicita más pruebas y declaraciones.
Mineros, mujeres del carbón y vecinos a las puertas de los juzgados de Cangas
La mañana ha sido relativamente tranquila en el exterior del juzgado de Cangas mientras se esperaba la llegada y la salida de Victorino Alonso aunque mineros, mujeres del carbón y vecinos, han mostrado su indignación por las medidas de seguridad que se habían preparado.
A las puertas del juzgado de Cangas del Narcea se respiraba hoy impotencia, rabia y también ganas de lucha. Desde antes de las 9.00 horas de la mañana los mineros, las mujeres del carbón y los vecinos han establecido su posición y han dejado claro que están indignados por la situación de abandono en la que se sienten y por las medidas excepcionales que se han tomado para recibir a Victorino Alonso.
Las emociones estaban hoy a flor de piel sobre todo entre los que viven los impagos y las huelgas en primera persona. Unas trescientas personas se han reunido ante el juzgado pero detrás de la barrera de una treintena de efectivos de la guardia civil y de las vallas de seguridad que se han instalado.
Vuelta al trabajo en la mina de Cerredo
El lunes hay convocada una reunión entre el Grupo Alonso y los representantes de los trabajadores de Huminsa y está en juego el retorno a la actividad en la mina de Cerredo.
Si los trabajadores deciden abandonar la huelga y comienzan a trabajar, en la mina no solo trabajarían los empleados de la explotación de Degaña, sino que el grupo Alonso tiene previsto desplazar a parte de la plantilla de la mina de Santa Cruz, en León, y a parte de la plantilla de Pilotuerto.
Si los mineros aceden a regresar al tajo, saben que lo harán sin cobrar sus nóminas y no se les abonarán hasta que la empresa no entre en concurso de acreedores.
Luis Manuel Fernández, miembro del comité de empresa de Cerredo (SOM), ha explicado a TPA Noticias que, además de comenzar sin cobrar, lo harían sin un calendario de pagos. “Estamos tratando con la empresa a ver si antes del concurso de acreedores nos puede pagar alguna nómina”, dijo Fernández.

Aragón pide ayuda al Estado para proteger una cueva del neolítico que ha sido expoliada

YOLANDA AZNAR / ABC

La Cueva de Chaves está dentro de una propiedad privada y sus dueños han acabado con restos arqueológicos muy valiosos, según denuncian varias asociaciones.

En la comarca oscense de la Hoya de Huesca, en el corazón de la Sierra de Guara, se encuentra la Cueva de Chaves, que alberga retos arqueológicos del neolítico únicos en Aragón. Es el segundo yacimiento de la época más importante de la península y uno de los más relevantes a nivel internacional. Sin embargo, gran parte de ese patrimonio ha sido expoliado en los últimos años. Ahora, desde Aragón piden la colaboración del Estado para depurar responsabilidades y, sobre todo, para proteger los pocos restos que todavía se conservan en su interior.

La Cueva de Chaves está dentro de la propiedad privada de la empresa Fimbas S. A.., que acumula numerosas denuncias por irregularidades medioambientales. La propiedad se conoce como finca de Bastarás y en su interior se realizan numerosas cacerías. El problema es que unas obras puestas en marcha en el interior de la propiedad han acabado por destruir gran parte de los importantes restos del neolítico.

La polémica por la destrucción del yacimiento neolítico hallado en la Cueva de Chaves ha sobrepasado el ámbito patrimonial y ecólogico y ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. Allí, Chunta Aragonesista ha presentado varias preguntas para que el Gobierno central se implique en su conservación.

Piden que se pongan en marcha medidas para proteger los restos que todavía se conservan y sobre todo le reclaman qe actúe de urgencia para expropiar este coto de caza por su alto valor patrimonial. Y es que al estar en una propiedad privada, los restos arqueológicos están más desprotegidos.

De momento, el tema está en los tribunales. La Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón impuso a la propietaria de la finca una sanción de 30.000 euros, el cierre del coto, la eliminación de toda la fauna alóctona y la retirada total del vallado perimetral. Esta orden fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Sin embargo, la empresa ha recurrido al Supremo. Así, la sentencia ha quedado en suspenso hasta que el Tribunal tome una decisión al respecto.

Mientras, en la finca se puede seguir cazando. Así lo denuncian desde Ecologistas en Acción. Aseguran que la empresa oferta 60 puestos de tiro para tres monterías que se van a realizan en Bastarás en la actual temporada de caza. Cada puesto de tiro está valorado en 3.500 euros. Es decir, pueden obtener unos beneficios de 210.000 euros.

Ecologistas critica que se pueda seguir cazando en la finca de Bastarás

“Es algo inaudito, siguen haciendo lo que quieren”, denunció el colectivo

HUESCA.- Ecologistas en Acción lamentó ayer que legalmente puedan celebrarse las monterías en la finca de Bastarás que han sido ofertadas para hoy, el 1 de diciembre y el 23 de febrero por la empresa “Servicio de Caza Cabezas”. Según explicó ayer el miembro de este colectivo Chesús Ferrer, “la empresa ha recurrido al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que ha quedado en suspenso, y como el Gobierno de Aragón no pidió medidas cautelares, pueden seguir cazando”. La Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón impuso a la propietaria de la finca, la empresa Fimbas. S.A., una sanción de 30.000 euros, el cierre del coto, la eliminación de toda la fauna alóctona y la retirada total del vallado perimetral. Esta orden fue ratificada por la sentencia de la sala de lo contencioso del TSJA, desestimando el recurso de la empresa, que ha recurrido ahora al Supremo.

Diario del AltoAragón. 10-11-2012