“Confirman la fianza de 66 millones a Alonso por destruir la cueva Chaves” (leonoticias)

leonoticias.com

La Fiscalía solicita una condena de 2 años y 8 meses de prisión y le reclama una indemnización de 14,3 millones

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha confirmado la fianza de 66 millones de euros contra el empresario leonés del carbón Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves para asegurar las posibles responsabilidades.

En su auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Efe, el instructor posibilita a las acusaciones responsabilizar a Alonso de un delito contra el patrimonio y reclamar una indemnización máxima en concepto de responsabilidad civil por los daños causados de 50,9 millones de euros.

La fiscalía solicita para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión como presunto responsable de un delito contra un yacimiento arqueológico y reclama una indemnización de 14,3 millones.

En la causa están personadas las organizaciones Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), que pide 3 años de prisión y el pago de una indemnización de 50,9 millones de euros, y Ecologistas en Acción, que reclama dos condenas de tres años de prisión.

La representación legal del Gobierno aragonés se postula únicamente como “actor civil” y reclama el pago de la indemnización de 50,9 millones referida, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.

chaves

Acusaciones

Todas las acusaciones reclaman la condena de las sociedades Fimbas, que gestionaban el coto de caza vallado donde se ubica el yacimiento, y Ferpi, la encargada de hacer las obras que provocaron la destrucción como responsables civiles subsidiarias.

Los daños se produjeron en 2007 en el entorno de la cueva durante la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza en el coto, ubicado en el Parque Natural de Guara.

Las obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida “irremediable” de los posibles niveles arqueológicos existente y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.

Todas las acusaciones señalan que el yacimiento es un bien protegido incluido en la Carta Arqueológica de Aragón, y uno de los más importantes de Europa.

Anuncios

Fianza de 66 millones a Victorino Alonso por la destrucción de la cueva de Chaves

Fuente: elperiodicodearagon.com

EFE 26/02/2015

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha abierto juicio oral contra el empresario leonés del Carbón Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves y le impone una fianza de 66,2 millones de euros para asegurar las posibles responsabilidades.

En su auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Efe, el instructor posibilita a las acusaciones responsabilizar a Alonso de un delito contra el patrimonio y reclamar una indemnización máxima en concepto de responsabilidad civil por los daños causados de 50,9 millones de euros.

El juez también aprecia la petición de Ecologistas en Acción y abre la posibilidad de imputar al empresario un presunto delito contra el medio ambiente, una petición que había rechazado previamente.

Asimismo, incluye en el auto la incorporación de la sociedad Fimbas, que gestionaba el coto de caza vallado donde se ubica el yacimiento, y de las empresa Ferpi, la encargada de hacer las obras que provocaron su destrucción, como responsables civiles subsidiarios.

El auto, contra el que sólo cabe recurso en lo referido a la situación personal del acusado, recoge los contenidos de las distintas acusaciones a la hora de establecer las condiciones de desarrollo del juicio oral.

La fiscalía solicita para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión como presunto responsable de un delito contra un yacimiento arqueológico y reclama una indemnización de 14,3 millones, de acuerdo con el contenido de uno de los informes periciales aportados por el Gobierno aragonés a la causa.

Apudepa (Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés) reclama a su vez para el empresario 3 años de prisión, multa de 288.000 euros y el pago de una indemnización de 50,9 millones de euros como presunto responsable de la destrucción de la cueva de Chaves.

La petición de indemnización, la misma que plantean Ecologistas en Acción y el Gobierno aragonés, consta en el primer informe que realizó el fallecido director del Museo de Huesca Vicente Baldellou de valoración de los daños causados.

Ecologistas en Acción solicitan a su vez dos condenas de tres años de prisión para Alonso como presunto responsables de un delito contra el patrimonio y de otro contra el medio ambiente.

La representación legal del Gobierno aragonés se postula únicamente como “actor civil” y reclama el pago de la indemnización de 50,9 millones referida, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.

Todas las acusaciones reclaman la condena de las sociedades Fimbas y Ferpi como responsables civiles subsidiarias en el pago de las posibles indemnizaciones acordadas durante la vista oral.

Los daños se derivan de las obras y movimientos de tierra realizados en 2007 en el entorno de la Cueva de Chaves para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto, ubicado en el Parque Natural de Guara y vallado en su perímetro.

Estas obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida “irremediable” de los posibles niveles arqueológicos existente y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.

Todas las acusaciones señalan que el yacimiento es un bien protegido incluido en la Carta Arqueológica de Aragón, y uno de los más importantes de Europa.

“Ecologistas en Acción pide la imputación de Vitorino Alonso por delito medioambiental”

radiohuesca.com

Ecologistas en Acción va a recurrir el auto del juez por el que señalaba como único imputado por la destrucción de la Cueva de Chaves a Vitorino Alonso. La organización ecologista pedirá la imputación de la empresa que aportó la maquinaria, Ferti, y la propietaria del coto de Bastarás, Fimbas. De esta forma, habría tres responsables del destrozo patrimonial que acabó con el yacimiento neolítico más importante de la Península Ibérica.

Por otro lado, Ecologistas cree que el juez debe imputar a Alons, además de por un delito contra el patrimonio, por un delito contra el medio ambiente, al entender que se destrozó una zona del Parque de Guara para llegar hasta la cueva.

También sorprende a Ecologistas en Acción la baja tasación que ha fijado el juez como responsabilidad civil, 14 millones de euros, muy por debajo de los 50 millones de euros que fijó la Diputación General de Aragón.

“Ecologistas en Acción recurre el cierre de la instrucción del caso de la Cueva Chaves”

El Periódico de Aragón / EFE

Ecologistas en Acción ha recurrido el auto judicial que cerró hace unos días la instrucción de la denuncia por la destrucción de la Cueva de Chaves, uno de los yacimientos neolíticos del país, para solicitar la imputación de dos denunciados más y la introducción de un presunto delito medioambiental.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca dictó el pasado 13 de octubre un auto en el que apuntaba a la existencia de indicios de delito en la conducta del empresario Victorino Alonso como presunto responsable de la destrucción del yacimiento, ubicado el coto de caza de Bastarás, en la Sierra de Guara.

Cinco años después de ser denunciados los hechos, el instructor emplazaba a las acusaciones personadas, Fiscalía, Ecologistas en Acción, Apudepa (Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés) y Gobierno de Aragón, a solicitar la apertura de juicio oral contra Victorino Alonso por un delito contra el patrimonio o el sobreseimiento del caso.

Según el instructor, Alonso era la persona que tomaba las decisiones en la sociedad que gestionaba el coto de caza, Fimbas SA, desde donde partió la orden de contratar a la empresa Ferpi para enviar una excavadora que provocó daños en el yacimiento arqueológico que el juez valora en unos 14 millones de euros.

Añade el responsable judicial que el empresario leonés del carbón era quien daba las órdenes en ambas empresas a pesar de no figurar como administrador y que, a tenor del testimonio de los testigos, “era una persona de gran influencia de cuyas órdenes y decisiones no era fácil desligarse en el ámbito laboral”.

En su recurso ante el instructor, que subsidiariamente han presentado en la Audiencia en el caso de ser rechazado, la representación legal de los ecologistas piden al juez que abra la posibilidad de imputar a los administradores de las sociedades Fimbas y Ferpi y que se amplíe la consideración de los hechos a un presunto delito medioambiental.

Según el letrado de los conservacionistas, Pablo Malo, la posibilidad de presentar cargos por un delito medioambiental permitiría incluir en la causa a ambas sociedades empresariales como responsables civiles subsidiarias en el pago de las indemnizaciones establecidas en una posible condena.

La valoración económica de los daños contrasta con la realizada por el Gobierno aragonés, que cifró inicialmente las afecciones causadas al yacimiento en unos 50 millones de euros, por lo que también podría optar a recurrir el auto de cierre de la instrucción.

La Cueva de Chaves fue destruida casi en su totalidad en octubre de 2007 para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto, unos hechos que fueron denunciados en 2009 por la Fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés.

Según argumenta el juez en su auto, Chaves era “un yacimiento arqueológico de referencia a nivel nacional, sobre todo de la etapa del Neolítico, que se encontraba dentro del entorno del Bien de Interés Cultural de las cuevas de Solencio”, en el coto vallado de Bastarás.

Victorino Alonso, recibido con huevos e insultos en los juzgados de Cangas del Narcea

RTPA

El empresario Victorino Alonso ha comparecido hoy durante tres horas ante el juez de Cangas del Narcea por la supuesta desaparición de 577.000 toneladas de carbón propiedad de Hunosa.
A las puertas de ese juzgado de Cangas se concentraron muchas personas indignadas, desde trabajadores, mujeres del carbón hasta vecinos de Degaña, Ibias y Cangas que recibieron y despidieron al empresario leonés con gritos, insultos y huevos. Precisamente, se había desplegado un amplio dispositivo de seguridad cercando el juzgado con vallas.
Victorino Alonso ha insistido en su defensa frente a HUNOSA y ha negado que el carbón que la hullera pública le reclama haya desaparecido. “Ha contestado a las preguntas que le han hecho que creo que están en línea con el segundo informe de la perito que declaró la semana pasada y que confirma que el carbón de la ETC está donde está, es decir, en las instalaciones de Unión Minera del Norte y Coto Minero Cantábrico, que ha estado alli siempre y que en ningún momento han faltado toneladas pese a lo qe HUNOSA pretende”, señaló el abogado del Grupo Alonso, César Garnelo, a la salida de los juzgados.
El Grupo Alonso insiste en que, si en el primer informe redactado por la perito faltaban algo más de 500.000 toneladas de carbón, fue porque HUNOSA, no quiso contar todas las pilas que debía. Si se demuestra su inocencia, explica el abogado de la defensa, Alonso no descarta demandar a HUNOSA por calumnias.
“Si uno presenta una acusación formal, como es una querella, imputando a alguien la comisión de un delito de estafa, otro de apropiación indebida y otro de falsedad documental tendrá que suponer que, si no lo puede probar, la otra parte de puede acusar de calumnia ya que, efectivamente, está haciendo una acusación que es falsa”, dijo Garnelo.
La declaración de Alonso cierra la lista de comparecencias requeridas por HUNOSA y ahora, será el juez quien decida si solicita más pruebas y declaraciones.
Mineros, mujeres del carbón y vecinos a las puertas de los juzgados de Cangas
La mañana ha sido relativamente tranquila en el exterior del juzgado de Cangas mientras se esperaba la llegada y la salida de Victorino Alonso aunque mineros, mujeres del carbón y vecinos, han mostrado su indignación por las medidas de seguridad que se habían preparado.
A las puertas del juzgado de Cangas del Narcea se respiraba hoy impotencia, rabia y también ganas de lucha. Desde antes de las 9.00 horas de la mañana los mineros, las mujeres del carbón y los vecinos han establecido su posición y han dejado claro que están indignados por la situación de abandono en la que se sienten y por las medidas excepcionales que se han tomado para recibir a Victorino Alonso.
Las emociones estaban hoy a flor de piel sobre todo entre los que viven los impagos y las huelgas en primera persona. Unas trescientas personas se han reunido ante el juzgado pero detrás de la barrera de una treintena de efectivos de la guardia civil y de las vallas de seguridad que se han instalado.
Vuelta al trabajo en la mina de Cerredo
El lunes hay convocada una reunión entre el Grupo Alonso y los representantes de los trabajadores de Huminsa y está en juego el retorno a la actividad en la mina de Cerredo.
Si los trabajadores deciden abandonar la huelga y comienzan a trabajar, en la mina no solo trabajarían los empleados de la explotación de Degaña, sino que el grupo Alonso tiene previsto desplazar a parte de la plantilla de la mina de Santa Cruz, en León, y a parte de la plantilla de Pilotuerto.
Si los mineros aceden a regresar al tajo, saben que lo harán sin cobrar sus nóminas y no se les abonarán hasta que la empresa no entre en concurso de acreedores.
Luis Manuel Fernández, miembro del comité de empresa de Cerredo (SOM), ha explicado a TPA Noticias que, además de comenzar sin cobrar, lo harían sin un calendario de pagos. “Estamos tratando con la empresa a ver si antes del concurso de acreedores nos puede pagar alguna nómina”, dijo Fernández.

Victorino Alonso niega que el carbón esté desaparecido

RTPA Asturias

El empresario Victorino Alonso ha hablado hoy por primera vez ante los periodistas tras la supuesta desaparición de medio millón de toneladas de carbón de HUNOSA de los almacenes que custodia.

El empresario asegura que el mineral no está desaparecido y que si las ayudas no se pagan no se debe a este problema.
Victorino Alonso declara que hay “disparidad en las mediciones” y reitera que hay un compromiso de suministro de carbón que cumplirán.
Victorino Alonso ha coincidido hoy en Madrid con la presidenta de HUNOSA, María Teresa Mallada, en los Premios de la Energía.
Por su parte, Mallada ha afirmado que la dirección de HUNOSA tiene controlada su empresa desde el primer momento y que mañana se aportarán todos los documentos necesarios para que la gente conozca como está la situación.

Hunosa demandará a dos empresas de Victorino Alonso por el carbón desaparecido

Javier Fernández- ELCOMERCIO.es

La compañía pública asegura que nunca dio permiso al empresario para mover el carbón de la reserva estratégica y cifra en más de 500.000 las toneladas desaparecidas

Tras reunirse con el consejo de administración de Hunosa, Teresa Mallada, presidenta de la empresa pública, compareció hoy ante los medios para ofrecer las primeras declaraciones oficiales acerca de polémica que envuelve las 500.000 toneladas de carbón del del Estado pertenecientes al Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC), que se encontraban en las instalaciones del grupo Alonso y que, según los ofrecidos por Hunosa, han desaparecido.

Mallada rebatió uno por uno todos los argumentos que en los últimos días ha esgrimido el holding minero en varios comunicados de prensa para justificar la ausencia de mineral. Aseguró que Uminsa y CMC, ambas propiedad del empresario leonés Victorino Alonso, son “las únicas empresas” que han reclamado que sus pilas se han visto afectadas por mermas superiores a las especificadas en el contrato -2%-. Argumentó, en la misma línea, que existen otras compañías que cuentan con mineral del AETC en zonas muy próximas a los almacenes de Alonso y que no se han escudado en las inclemencias meteorológicas para justificar unas pérdidas que, añadió, el resto de minas ni siquiera han comunicado.

Mallada destacó también que Hunosa nunca dio permiso para que el mineral del AETC, que fue creado en 2009, se mezclase con el de otros propietarios y tampoco para que se moviese, más allá del servicio a los clientes finales. Alegó que se paga un alquiler en función del volumen almacenado y que, por tanto, ese mineral debe permanecer estocado en los lugares que reflejan los acuerdos suscritos.

Los cálculos de la empresa pública cifran el desfase de carbón en algo más de 528.000.000 toneladas, cuyo valor rondaría los 46 millones de euros. Esta cantidad correspondería a seis contratos suscritos con el grupo Alonso. De momento, Hunosa solo ha iniciado trámites para reclamar los dos mayores acuerdos, con destino a la central térmica de Compostilla y en los que se habría detectado la ausencia de unas 327.000.000 toneladas, cuyo valor supera los 26 millones. La presidenta de la compañía pública resaltó que los pactos no recogen la posibilidad de que el holding minero -que niega la desaparición y asegura estar dispuesto a reponer a su costa las mermas- pueda hacer frente a esta cantidad con su patrimonio. Por lo tanto, y siguiendo los cauces que estipula el acuerdo, ha recurrido a “los mecanismos que tiene para recuperar ese déficit”. En primer lugar ha tratado de extraerlo de la facturación que Alonso tiene con las eléctricas, pero estas se han negado a dar luz verde a esta opción hasta que no existan sentencias en firme. Se ha dirigido entonces al Ministerio de Industria, a quien corresponde en estos momentos tomar una decisión, para que los 26 millones salgan de la parte de las ayudas a la minería que corresponden a Uminsa y CMC.

Para la reclamación del resto de toneladas, incluidas en los otros cuatro contratos, Hunosa esperará a que finalice una medición independiente, que se encuentra en curso, y que ofrecerá sus propios datos del desfase de mineral.

La hullera pública, además, ultima la presentación de una querella criminal contra el holding minero que podría incluir delitos como apropiación indebida y estafa.