“Las acusaciones piden elevar hasta 50 millones la indemnización por asolar la cueva de Chaves”

El auto del juez que imputa a Victorino Alonso un delito contra el patrimonio valoró los daños en 14,3 millones.

HUESCA

Las acusaciones particulares del caso de la destrucción de la cueva de Chaves estiman que la valoración del daño causado en este yacimiento neolítico es muy superior a los 14,3 millones de euros que considera el juez en el auto que dictó el pasado octubre, en el que imputa a Victorino Alonso un delito contra el patrimonio histórico, y que podría alcanzar los 50 millones de euros.

Gobierno de Aragón, Ecologistas en Acción y Apudepa, que han recurrido el auto, piden además que se extienda la responsabilidad a los administradores de las sociedades Fimbas (propietaria del coto de Bastarás, donde se encuentra la cueva) y Ferpi (empresa que acometió las obras que destruyeron
el yacimiento en 2007), a los que el juez considera en su resolución «meros testaferros». Las acusaciones reclaman además que se valore también la imputación por delito medioambiental (castigado en código penal con penas que van de dos a cinco años de cárcel) y no solo contra el patrimonio
histórico (de uno a tres años de prisión).

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca hace constar en su auto del pasado 13 de octubre que el valor calculado de la afección «irreversible» que causó la extracción de sedimentos arqueológicos a este «yacimiento de referencia nacional» asciende a 14.311.640,83 euros, una
cifra próxima a la que estima un informe pericial aportado al caso.

Apudepa, sin embargo, esgrime en su recurso otro informe, el que presentó el arqueólogo Vicente Baldellou –recientemente fallecido y que trabajó durante años en las excavaciones de la cueva de Chaves– que valoraba los daños en unos 50 millones de euros, y por ello la abogada de la asociación,
Pilar Villellas, fija en esa cantidad la responsabilidad civil.

También la letrada del Gobierno de Aragón, Isabel Gonzalvo, considera que la cuantía del daño es mayor que la que consta en el auto, no solo en lo que se refiere al delito contra el patrimonio histórico, sino por la
posibilidad de que además existiera un delito medioambiental, lo que aumentaría la afección.

Esta misma semana la representante de los intereses del Gobierno de Aragón mantendrá una reunión en el departamento de Cultura para acordar la cantidad que reclamará la DGA como perjudicada. En todo caso, aunque al Gobierno de Aragón le interesa que la cifra aparezca en el auto de cierre de la instrucción, podrá solicitar el importe que considere oportuno más adelante en el escrito de calificaciones.

Las acusaciones también están preocupadas por cómo asegurar el cobro de la indemnización, dado el entramado societario que rodea al hasta ahora único imputado. La abogada de Apudepa y el de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, piden la ampliación de la imputación a los administradores ‘formales’ de las empresas Fimbas y Ferpi –aunque el juez considera el administrador de
hecho de ambas a Victorino Alonso– y a las propias sociedades.

A su vez, solicitan que, de no ser imputados penalmente, como mínimo se les considere responsable civiles directos, algo que también reclama el Gobierno de Aragón en su recurso.

La DGA quiere que «se tomen las medidas oportunas para asegurar esa responsabilidad, porque estamos hablando de mucho dinero, y se tendrá que abrir una pieza separada para las responsabilidades civiles; si el juicio se alarga se corre el riesgo de que el único imputado no tenga nada a su
nombre», aprecia la letrada Isabel Gonzalvo.

Por su parte, los abogados de Victorino Alonso también han recurrido la resolución solicitando la desimputación de su defendido y el archivo de la causa.

Es el mismo juez instructor quien debe decidir ahora sobre los recursos de reforma presentados por las partes y subsidiariamente, si no estima lo solicitado, pasarán directamente a la Audiencia Provincial para que resuelva. Posteriormente, las partes tendrán que presentar sus escritos de acusación y defensa, así como la Fiscalía, de cara a la celebración del juicio oral.

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“Ecologistas en Acción recurre el cierre de la instrucción del caso de la Cueva Chaves”

El Periódico de Aragón / EFE

Ecologistas en Acción ha recurrido el auto judicial que cerró hace unos días la instrucción de la denuncia por la destrucción de la Cueva de Chaves, uno de los yacimientos neolíticos del país, para solicitar la imputación de dos denunciados más y la introducción de un presunto delito medioambiental.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca dictó el pasado 13 de octubre un auto en el que apuntaba a la existencia de indicios de delito en la conducta del empresario Victorino Alonso como presunto responsable de la destrucción del yacimiento, ubicado el coto de caza de Bastarás, en la Sierra de Guara.

Cinco años después de ser denunciados los hechos, el instructor emplazaba a las acusaciones personadas, Fiscalía, Ecologistas en Acción, Apudepa (Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés) y Gobierno de Aragón, a solicitar la apertura de juicio oral contra Victorino Alonso por un delito contra el patrimonio o el sobreseimiento del caso.

Según el instructor, Alonso era la persona que tomaba las decisiones en la sociedad que gestionaba el coto de caza, Fimbas SA, desde donde partió la orden de contratar a la empresa Ferpi para enviar una excavadora que provocó daños en el yacimiento arqueológico que el juez valora en unos 14 millones de euros.

Añade el responsable judicial que el empresario leonés del carbón era quien daba las órdenes en ambas empresas a pesar de no figurar como administrador y que, a tenor del testimonio de los testigos, “era una persona de gran influencia de cuyas órdenes y decisiones no era fácil desligarse en el ámbito laboral”.

En su recurso ante el instructor, que subsidiariamente han presentado en la Audiencia en el caso de ser rechazado, la representación legal de los ecologistas piden al juez que abra la posibilidad de imputar a los administradores de las sociedades Fimbas y Ferpi y que se amplíe la consideración de los hechos a un presunto delito medioambiental.

Según el letrado de los conservacionistas, Pablo Malo, la posibilidad de presentar cargos por un delito medioambiental permitiría incluir en la causa a ambas sociedades empresariales como responsables civiles subsidiarias en el pago de las indemnizaciones establecidas en una posible condena.

La valoración económica de los daños contrasta con la realizada por el Gobierno aragonés, que cifró inicialmente las afecciones causadas al yacimiento en unos 50 millones de euros, por lo que también podría optar a recurrir el auto de cierre de la instrucción.

La Cueva de Chaves fue destruida casi en su totalidad en octubre de 2007 para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto, unos hechos que fueron denunciados en 2009 por la Fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés.

Según argumenta el juez en su auto, Chaves era “un yacimiento arqueológico de referencia a nivel nacional, sobre todo de la etapa del Neolítico, que se encontraba dentro del entorno del Bien de Interés Cultural de las cuevas de Solencio”, en el coto vallado de Bastarás.

“Un único imputado por destruir la cueva prehistórica de Chaves”

El Periódico de Aragón

La instrucción del caso judicial abierto por la destrucción del yacimiento prehistórico existente en la cueva de Chaves, en el término de Casbas de Huesca, ha llegado a su fin.

Sin embargo, tras un largo periodo de investigación, el juez encargado del asunto solo ha imputado a una persona, Vitorino Alonso, administrador de la empresa Fimbas.

Según el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital oscense, Alonso es responsable, presuntamente, de un delito patrimonial, que lleva aparejadas penas que oscilan entre uno y tres años de prisión.

Los hechos se remontan al año 2007 y ocurrieron durante unos trabajos llevados a cabo para la construcción de unas pistas dentro del denominado coto de Bastarás. En el curso de la obra fue preciso realizar grandes movimientos de tierras que provocaron el desprendimiento de parte de la techumbre de la cueva prehistórica, que albergaba pinturas del Neolítico valoradas en más de 14 millones de euros. Como consecuencia de ese accidente, los restos pictóricos, de gran valor cultural e histórico, resultaron totalmente destruidos.

Durante la instrucción, el administrador trató desmarcarse de la acusación que pendía sobre él alegando que desconocía la existencia de las pinturas y que solo conocía el coto de Bastarás porque solía ir allí a cazar.

En la resolución judicial, el juez levanta la imputación sobre otros tres responsables de Fimbas y una segunda empresa, por considerar que se trata de meros hombres de paja o pantallas para ocultar la auténtica responsabilidad por el grave suceso.

“Un testigo atribuye la decisión de actuar en la Cueva de Chaves a Victorino Alonso” (Diario del AltoAragón)

Diario del AltoAragón

LA HOYA. DESTRUCCIÓN DEL YACIMIENTO NEOLÍTICO

Un testigo atribuye la decisión de actuar en la Cueva de Chaves a Alonso. Un ex trabajador de Fimbas declaró ayer en el juzgado.

D.A. HUESCA.- Un antiguo trabajador de Fimbas, la empresa que gestionaba el coto de caza de Bastarás (en el municipio de Casbas de Huesca), declaró ayer que Victorino Alonso, el empresario imputado en la causa abierta por la destrucción de la Cueva de Chaves -importante yacimiento neolítico situado en el citado coto- era “el único jefe y patrón de todos los negocios en la finca”.
Así lo aseguró ayer Apudepa (Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) en una nota de prensa, en la que explicó que el ex trabajador declaró ayer como testigo en el Juzgado número 3 de Huesca. Apudepa, que desde que en la primavera del 2007 se supo de la destrucción de la Cueva de Chaves ha recabado información al respecto y ha ejercido la acusación particular en cuantas testificales han tenido lugar en el juzgado, aseguró que el ex trabajador de Fimbas, acompañado de documentación, dejó claro que el imputado Victorino Alonso, empresario vinculado al carbón y a otras muchas actividades en España, era quien daba “todas las órdenes”. Añadió que, según la declaración, “su presencia en el coto era mucho más frecuente de lo que hasta ahora sabíamos por cuanto sus estancias eran cuando menos mensuales y se prolongaban varios días, supervisando el coto y las numerosísimas obras medioambientales que se fueron haciendo, sin los permisos oportunos, en la primera década del siglo XXI”.
Por la declaración -prosiguió Apudepa- quedó patente que Alonso, también como dueño de la empresa Ferpi, “ordenaba el
traslado de la maquinaria pesada, utilizada en el aeropuerto de Monflorite, al coto de Bastarás y que fue él directamente quién dio la orden de actuar masivamente en la gran Cueva de Chaves, suponiendo el trabajo ordenado la destrucción absoluta del gran yacimiento del neolítico ibérico, el segundo de mayor importancia en España”, apuntó la asociación en la nota.
Según la declaración de ayer, prosiguió Apudepa, la intervención en la cueva no se hizo en un solo día ni por una sola persona
sino que intervinieron al menos cuatro o cinco profesionales y “potentísimas” máquinas. “La orden que dio Alonso al palista
fue que los materiales removidos, todos con restos arqueológicos del neolítico, fueran a parar a un barranco para actuar de dique”, señaló la asociación en la nota.
Por todo ello, Apudepa considera que gracias a la declaración de ayer se está, “por fin, más cerca de la verdad y eso es una buena noticia para Aragón y toda España”, a la par que se felicita de que gracias al procedimiento judicial “vaya surgiendo
la verdad en relación con un caso tan importante relativo al patrimonio cultural aragonés”.

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Heraldo.es

Un trabajador dice que Victorino Alonso ordenó destruir la cueva de Chaves

Un antiguo trabajador de una empresa dirigida por el imputado por la destrucción de la cueva de Chaves le acusa de dar la orden de destruirla.

Este martes ha tenido lugar la declaracion de uno de los imputados en el juicio por el expolio de la cueva de Chaves en Huesca en el juzgado nº 3 de la capital oscense.

Además del empresario Victorino Alonso y del trabajador que ha comparecido como testigo, en la causa están imputadas otras dos personas vinculadas laboralmente con el empresario.

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Cueva de Chaves Foto: Heraldo.es

Según indica, Apudepa en un comunicado, la declaración de Alejandro Millet, ha reconfirmado al empresario Victorino Alonso como el responsable del expolio que se conoció en 2009.

Alejandro Millet, antiguo trabajador de a empresa Fimbas, dirigida por Victorino Alonso ha dejado claro, en su declaración, según indica Apudepa, que el imputado  “era el único jefe y patrón de todos los negocios en la finca del coto de Bastaras en Huesca”.

“Todas las órdenes las daba él y su presencia en el coto era frecuente”, según indican en el comunicado y que, añade: “supervisaba el coto y las obras medioambientales que se fueron haciendo”.

En la declaración, ha explicado que Alonso, “también como dueño de la empresa Ferpi, el imputado, ordenaba el traslado de la maquinaria pesada, utilizada en el aeropuerto de Monflorite, al coto de Bastaras” y ha añadido “que fue el directamente quién dio la orden actuar de masivamente en la gran Cueva de Chaves”.

La cueva era un yacimiento del neolítico ibérico, el segundo de mayor importancia en España.

En la declaración de este martes, según el comunicado de Apudepa, se ha conocido que la intervención en la cueva no se hizo en un solo día ni por una sola persona sino que intervinieron al menos cuatro o cinco profesionales y máquinas.

“La orden que dio Alonso al palista fue que los materiales removidos, todos con restos arqueológicos del neolítico, fueran a parar a un barranco para actuar de dique”, ha explicado el testigo, según Apudepa.

La destrucción de la Cueva de Chaves fue denunciada en este año por la fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés, que presentó toda la documentación referida a los daños causados al yacimiento, en el que trabajaba desde años atrás el exdirector del Museo de Huesca Vicente Baldellou.

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“Testigo achaca al empresario Victorino Alonso la destrucción de Cueva Chaves. ABC.es

Ecologistas critica que se pueda seguir cazando en la finca de Bastarás

“Es algo inaudito, siguen haciendo lo que quieren”, denunció el colectivo

HUESCA.- Ecologistas en Acción lamentó ayer que legalmente puedan celebrarse las monterías en la finca de Bastarás que han sido ofertadas para hoy, el 1 de diciembre y el 23 de febrero por la empresa “Servicio de Caza Cabezas”. Según explicó ayer el miembro de este colectivo Chesús Ferrer, “la empresa ha recurrido al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que ha quedado en suspenso, y como el Gobierno de Aragón no pidió medidas cautelares, pueden seguir cazando”. La Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón impuso a la propietaria de la finca, la empresa Fimbas. S.A., una sanción de 30.000 euros, el cierre del coto, la eliminación de toda la fauna alóctona y la retirada total del vallado perimetral. Esta orden fue ratificada por la sentencia de la sala de lo contencioso del TSJA, desestimando el recurso de la empresa, que ha recurrido ahora al Supremo.

Diario del AltoAragón. 10-11-2012

Fimbas sigue explotando como coto Bastarás a 3.800 euros el puesto a pesar de haber perdido la licencia.

Radio Huesca

Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Fiscalía, al Gobierno de Aragón y al SEPRONA de la Guardia Civil, poniendo en conocimiento de estas entidades, que la empresa “Servicios de Caza Cabezas” está ofertando, según informa su web, 60 puestos de tiro para tres monterías a realizar en la Finca de Bastaras durante la presente temporada de caza (10 de noviembre, 1 de diciembre y 23 de febrero). El coto de Bastarás perdió la licencia de coto al introducir especies alóctonas, por lo que podríamos estar ante una acción constitutiva de delito, dice ecologistas en acción.

Uno de los responsables de la empresa “Servicios de Caza Cabezas” explicaba a Radio Huesca Digital que cada puesto cuesta 3.800 euros y se garantiza la caza de, al menos, tres piezas de gran calidad cinegética.

Chesus Ferrer, de Ecologistas en Acción, recuerda que por orden de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón, de fecha 23 de junio de 2009, se imponía a la propietaria de la finca, la empresa FIMBAS. S.A., una sanción de 30.000 €, el cierre del coto, la eliminación de toda la fauna alóctona del mismo y la retirada total del vallado perimetral de la finca en dos años. Esta orden fue ratificada por la sentencia 22/2012 de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, desestimando el recurso de la empresa de Victorino Alonso.

Ecologistas en Acción solicita que se tomen las medidas oportunas para impedir la realización de las monterías anunciadas, al entender que irían contra Derecho, al mismo tiempo que les pide que abran las oportunas diligencias para que se investigue si los hechos anunciados por “Servicios de Caza Cabezas” son constitutivos de delito.

Ecologistas explica que la actividad de Fimbas en Bastarás es del todo reprobable, más allá de la legalidad. Los animales que se cazan en el coto han sido criados como ganado y luego son soltados ante los cazadores sin tener ninguna posibilidad de huir.

Para Ecologistas en Acción sería muy grave, que la FIMBAS pudiera seguir gestionado el coto cinegético, tras haber sido cerrado y después de todos los desmanes que ha realizado contra el patrimonio natural y cultural, saltándose de nuevo la legislación y los procesos judiciales. No hay más que recordar la destrucción del yacimiento neolítico más importante de la Península Ibérica, situado en la cueva de Chaves.

Mucho más grave todavía sería que además siguiera obteniendo importantes beneficios económicos por ello. En este caso, si consideramos que cada puesto de tiro está valorado en 3.500 € estaríamos hablando de beneficios que superan los 210.000 €. El dinero acumulado en las cerca de 20 sanciones impuestas a FIMBAS en sus casi cuarenta años destruyendo el patrimonio del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara no llega a la quinta parte de esta cantidad. Para Ecologistas en Acción si la destrucción del patrimonio natural, paisajístico, cultural e histórico supone amplios beneficios para los responsables, está claro que algo funciona mal.

Victorino Alonso declara como imputado en el juicio por la destrucción del yacimiento de la Cueva de Chaves

Fuente: Radio Huesca

Victorino Alonso asegura que él no tomaba las decisiones para la destrucción de Chaves

El empresario Victorino Alonso declaraba este martes en el Juzgado de Instrucción número Tres de Huesca por el caso de la destrucción del yacimiento de la Cueva de Chaves. Sólo acepta su participación indirecta en la empresa propietaria del coto donde se encuentra el yacimiento, pero asegura que él no tomaba las decisiones, y que sólo conoce el coto porque iba a cazar 2 o 3 veces al año. En el año 2009 una máquina entró a la cueva y destrozó uno de los yacimientos neolíticos más importantes de la Península Ibérica.

Había dudas respecto a la comparecencia del empresario minero, puesto que en numerosas ocasiones, aunque por otros casos, ha hecho caso omiso a requerimientos similares de la justicia, pero finalmente viajaba a Huesca para declarar.

Su abogado asegura que no tiene ninguna relación con la sociedad Fimbas, la que gestiona el coto donde se encuentra el yacimiento, “ni con ninguna decisión que se haya tomado al respecto”. De esta forma el abogado defensor intenta echar por tierra las acusaciones de destrucción de uno de los yacimientos neolíticos mejor conservados de la Península Ibérica.

Los abogados de la acusación, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Ecologistas en Acción y Apudepa, creen que Alonso conocía la importancia de la cueva y el valor incalculable del yacimiento, pero ordenó la actuación que terminó con los vestigios neolíticos. Ahora trabajarán para demostrar la relación directa y de momento hay un testigo que ha declarado que era Alonso quien daba las órdenes tanto en Fimbas como en la empresa propietaria de la máquina que destrozó los restos arqueológicos.

En el año 2009 una máquina procedió a la excavación indiscriminada de la cueva para habilitarla como corral para los animales que luego cazaba en el coto. Los restos arqueológicos de las capas superiores quedaron destrozados.

Hay otros imputados en el caso, Alejandro Millet, representante de la empresa Fimbas en el propio coto de Bastarás y Antonio Francisco de la Fuente, administrador de Fimbas.

En este caso continúa en fase de instrucción y, según el abogado de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, el juicio podría tardar 2 o 3 años en producirse.

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